Hay temas que el tiempo obliga a revisar con una mirada distinta.
Como reportera me tocó cubrir una de las etapas más violentas de Ciudad Juárez, en aquellos años en los que la ciudad parecía acostumbrarse al horror de homicidios, desapariciones, operativos, enfrentamientos y familias rotas. En ese contexto, muchas veces la cobertura se centró en la violencia como fenómeno general, sin detenernos lo suficiente en una de sus expresiones más dolorosas y profundas, la violencia contra las mujeres.
El trabajo en aquella época no estuvo particularmente enfocado en la perspectiva de género, aunque sí fui testigo de una ciudad marcada por el dolor y la impunidad.
Hoy, con la evolución del debate público y jurídico, me parece indispensable dar seguimiento, actualizar la conversación y analizar qué lugar ocupa Chihuahua en la nueva ruta nacional contra el feminicidio pues la reciente aprobación en el Senado de la reforma constitucional que permitirá crear una Ley General de Feminicidio abre una discusión importante para todo el país . ¿Chihuahua sigue siendo referente en esta materia o su papel ha quedado más en la memoria histórica que en la actualización legislativa?
La respuesta no es sencilla.
Chihuahua no puede afirmarse hoy como el estado con la legislación más avanzada en todos los temas vinculados a la protección de las mujeres. Hay entidades que han avanzado con mayor rapidez en figuras como la violencia vicaria, la violencia digital, la violencia política y otras modalidades que en años recientes se han incorporado al marco legal.
Sin embargo, también es cierto que ningún análisis serio sobre feminicidio en México puede hacerse sin mirar hacia Ciudad Juárez.
Fue en esta frontera donde el país y el mundo comenzaron a nombrar con más claridad una violencia específica contra las mujeres. Los casos que marcaron a Juárez no solo dejaron una herida social profunda, también obligaron a generar protocolos, mecanismos de investigación, reformas legales y precedentes internacionales que siguen influyendo en la legislación mexicana.
Pero ese reconocimiento no nació solamente desde los escritorios legislativos o judiciales. Nació, sobre todo, del dolor convertido en exigencia pública. Año tras año hemos visto marchas, cruces rosas, vigilias, pronunciamientos, foros, memoriales y manifestaciones encabezadas por madres, padres, hermanas, hijas y colectivos que, cargando el dolor más grande que puede existir, se negaron a permitir que sus ausencias quedaran reducidas a una estadística.
Han sido justamente las familias de las víctimas quienes hicieron posible que esta violencia fuera reconocida desde su origen: una violencia sistemática, marcada por razones de género, por odio, desprecio, posesión y por una estructura social que durante mucho tiempo minimizó la vida de las mujeres.
Gracias a esa persistencia social, México entendió que no se trataba de homicidios aislados, sino de una violencia con características propias que exigía ser nombrada como feminicidio, investigada bajo protocolos específicos y castigada con penas más severas.
Por eso la discusión actual sobre homologar el delito y endurecer las sanciones no surge de la nada. Es resultado de años de lucha de familias que transformaron su duelo en una causa pública y empujaron al Estado a reconocer una deuda
La nueva reforma nacional busca justamente homologar criterios, penas, protocolos de investigación y reparación del daño para evitar que la justicia dependa del código penal de cada estado.
Más allá de discutir cuál entidad tiene la ley más moderna, lo verdaderamente relevante es si las instituciones están respondiendo con eficacia, si las fiscalías investigan con perspectiva de género, si las familias reciben acompañamiento y si los casos llegan a sentencia.
Porque la deuda no está solo en el texto de la ley.
La deuda sigue estando en la justicia.
Chihuahua ocupa un lugar complejo: es memoria, antecedente, jurisprudencia y símbolo; pero al mismo tiempo enfrenta el reto de no quedarse únicamente en ese peso histórico y seguir actualizando su marco legal frente a nuevas formas de violencia.
Informar sobre esto con seriedad implica reconocer ambas cosas: el legado de una lucha que nació desde el dolor de muchas familias en Juárez, y la necesidad de que ese legado no se vuelva estático.
Hoy más que nunca, el seguimiento del feminicidio no puede quedarse en la coyuntura legislativa. Debe traducirse en vigilancia pública, exigencia institucional y periodismo responsable.
Porque en una ciudad como la nuestra, hablar de feminicidio no es solo hablar de leyes.
Es hablar de memoria, de justicia y de la obligación de no normalizar nunca más el silencio.
Nora Sevilla
Comunicadora y periodista experimentada, actualmente Jefa de Comunicación en Cd. Juárez del Instituto Estatal Electoral y Tesorera en la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Experta en marketing político y estrategias de relaciones públicas, con sólida carrera en medios de comunicación.
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