El triste panorama del país con leyes, pero sin justicia. Tal es el camino que hemos recorrido infinidad de abogados ante los tribunales del fuero común y el federal. Resoluciones que nos han dejado impactados porque denotan la preferencia al actor o demandado según se trate. Esto produce una enorme impotencia, porque cuando agotamos todos los recursos ya nada se puede hacer. Solamente obedecer lo ordenado por el Juez o Jueza, como suelen ahora llamarse las mujeres que administran justicia.
Cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó el sobreseimiento en el caso del Lic. Javier González Mocken que ordenó determinante arrebatar su triunfo en las urnas, no lo podía creer. La poca esperanza de legalidad y honestidad en los Magistrados que se involucraron en estos fallos, desde el estatal hasta el federal, confirmaron todos los rumores que desde estudiante de derecho escuché en algunos de mis maestros: “la justicia tiene precio y la corrupción está hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
El Maestro Ignacio Burgoa Orihuela, quien falleció en el año 2005, con un respaldo de más de sesenta y dos años de ejercicio profesional como Licenciado en derecho y reconocido académico en materia constitucional y amparo, autor de diversos libros que han servido como texto en la carrera de derecho y como fuente de consulta por jueces y abogados postulantes, denunció públicamente en 1993, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había perdido credibilidad en la impartición de justicia y que prevalecía la baja calidad intelectual.
El ilustre y finado Maestro del derecho, subrayó con toda claridad desde aquél año, que las atribuciones que tienen para establecer jurisprudencia, tanto la SCJN, como los Tribuales Colegiados de Circuito, han propiciado la anarquía y el caos en el quehacer jurídico y prevalece la baja calidad intelectual, académica y cívica de los miembros que la componen. Es el signo que caracteriza hoy en día la administración de la justicia federal. Esta situación solo ha provocado su descrédito general como garante de la observancia de la Constitución.
Han transcurrido veinticinco años desde que el Maestro Burgoa definía a la justicia federal como anárquica, y desgraciadamente se corrobora en la actualidad, que continuamos en decadencia. Hace menos de un año, que el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Luis María Aguilar Morales, enfatizó que debe combatirse la corrupción, porque el binomio corrupción-impunidad, es un pesado lastre que enfrenta nuestra sociedad, por sus enormes repercusiones sociales, económicas y políticas. “Tolerar la corrupción es ir en contra de la naturaleza de la impartición de justicia; es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial”. Pero concluyó en que no es tarea del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad en el país.
El Maestro Miguel Carbonell, Doctor en Derecho e Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y reconocido docente que ha escrito más de cuarenta libros, en diversos artículos que ha publicado, afirma que “la corrupción ha penetrado, hasta niveles inimaginables las estructuras del Estado mexicano. Es una hidra, literalmente, de mil cabezas. Los mismo afecta a las instituciones de procuración y administración de justicia, que a los municipios, a los órganos electorales o funcionarios encargados de ordenar que se recoja la basura”.
Mis finados amigos y colegas Salvador Urbina y Sergio Almaraz, entre otros, denunciaron públicamente la corrupción de jueces y procuradores de justicia, pues les tocó la defensa de varios casos donde se ensañaron con inocentes las autoridades del ramo penal, tanto del fuero común, como del federal. En vida predijeron que serían víctimas del Estado y ambos fueron asesinados.
Existen resoluciones inimaginables como el caso de la francesa Cassez, puesta en libertad por orden de la SCJN, a pesar de que se acreditó ser secuestradora. Raúl Salinas de Gortari hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, fue absuelto del crimen de su cuñado Francisco Ruíz Massieu, así como de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, negocios ilícitos y del desvío de la partida secreta de la Presidencia de la República y además le devolvieron las cuentas y bienes embargados.
Elba Esther Gordillo obtuvo la absolución de todos los cargos, y se presentó ante los medios con una actitud desafiante, con mejor apariencia física, además de la devolución de los cientos de millones que según ella heredó de su mamá. Estos juicios aparentan ser una simulación del Estado. Tal parece que es a propósito que haya deficiencias garrafales, que hasta un estudiante de derecho puede detectar.
Al concluir la lectura, seguramente por su mente llegan nombres e imágenes de personajes de la política inmiscuidos en escándalos por enriquecimiento inexplicable, corrupción, tráfico de influencias, prepotencia y hasta vinculados con el crimen organizado, que andan libres o que siguen “gobernando” impunemente. Y también la pregunta ¿hasta cuándo?. Difícil de contestar. La corrupción está hasta arriba del poder judicial.
Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.
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