Desde 1980, el gobierno federal ha cerrado debido a la falta de financiación en 21 ocasiones diferentes.
Washington, DC. (VOA) – Si el Congreso no actúa, la autoridad del gobierno de Estados Unidos para continuar gastando dinero vencerá a la medianoche del jueves, lo que obligará a más de 1 millón de trabajadores federales y a un número incalculable de contratistas a dejar de trabajar.
Se espera que miles más sigan trabajando sin tener claridad sobre cuándo se les pagará.
“Lo que está en juego es si el gobierno de Estados Unidos es capaz de responder a los muchos desafíos que enfrentamos como país”, dijo Max Stier, presidente de Partnership for Public Service, un grupo de defensa de un gobierno federal mejorado.
Y una vez que el gobierno cierra, dijo Stier, reiniciar no es como encender un interruptor.
“Esta es una entidad multimillonaria y muy compleja”, dijo a VOA. “Entonces, apagarlo y volverlo a encender en realidad requiere una tonelada de energía y mucho tiempo. Por lo tanto, es muy costoso (miles de millones de dólares) cuando se cierra, incluso si no es por mucho tiempo”.
Historia de cierres
Desde 1980, el gobierno federal ha cerrado debido a la falta de financiación en 21 ocasiones diferentes.
Este sería el primer cierre gubernamental del mandato del presidente Joe Biden. Desde el mandato de Jimmy Carter de 1977 a 1981, todos los presidentes de Estados Unidos, excepto George W. Bush, han experimentado al menos una de esas crisis de financiación, aunque la mayoría ha durado solo unos días y varios lo han sido durante algunas horas.
La última vez que cerró el gobierno fue en 2018, cuando una disputa entre el entonces presidente Donald Trump y los demócratas del Congreso sobre su propuesta de construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México resultó en un cierre parcial récord de 35 días que se extendió hasta enero de 2019.
No es un cierre completo
El término “cierre del gobierno” es algo inapropiado. Según las reglas existentes, cuando el gobierno se queda sin fondos, las agencias federales deben despedir a todos los empleados “no esenciales”. Los médicos y enfermeras de los hospitales administrados por el Departamento de Asuntos de Veteranos aún podrán ir a trabajar. También lo harán los oficiales de la Agencia de Seguridad en el Transporte, los miembros en servicio activo de las fuerzas armadas y la mayoría de los oficiales federales de aplicación de la ley.
Pero a los empleados que se consideren esenciales no se les pagará hasta que se resuelva el cierre.
En una señal del grado en que los cierres gubernamentales se han normalizado como solo parte de la forma en que Washington hace negocios, Trump firmó en 2019 la Ley de Trato Justo para Empleados del Gobierno, que garantiza que los trabajadores federales, esenciales y no esenciales, reciban el pago atrasado que perdieron durante la duración de cualquier futuro cierre del gobierno.
Sin embargo, Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, dijo que la promesa de que le pagarán eventualmente es un frío consuelo para un trabajador federal que no puede pagar el alquiler.
“Muchos de nuestros miembros viven de cheque a cheque”, dijo Kelley a la VOA. “A menos que un acreedor o propietario acceda a negociar con ellos, estarán en una situación terrible”.
Si las dificultades financieras terminan afectando la calificación crediticia de un empleado ausente, dijo Kelley, el daño puede extenderse a sus carreras. “Muchas autorizaciones de seguridad dependen de su calificación crediticia”, dijo Kelley, lo que significa que los trabajadores cuyo crédito se resienta podrían perder sus trabajos.
¿Qué esperar?
En cierres anteriores, los efectos más visibles públicamente fueron el cierre de los parques nacionales y los museos cerca del National Mall en Washington, D.C. Es probable que también ocurra esta vez. Pero es debajo de la superficie donde los cierres causan auténtica confusión.
Alrededor del 60% de los empleados del gobierno no podrían trabajar durante un cierre, lo que significa que dejaría de suceder cualquier cantidad de procedimientos aparentemente mundanos. No se procesarían nuevas solicitudes de pasaporte; no se aprobarían préstamos para pequeñas empresas; las solicitudes de beneficios de jubilación federales dejarían de circular por el sistema.
La mayoría de los estadounidenses no se verían impactados de inmediato por el estancamiento de la actividad gubernamental. Pero aquellos que lo están, una persona que espera un pasaporte, un propietario de una pequeña empresa que espera financiación, un jubilado que necesita ingresos, podrían enfrentar desde cualquier inconveniente hasta daños económicos importantes.
Los empleados como contratistas gubernamentales son particularmente vulnerables. Por ejemplo, el Congreso tiene contratos con empresas privadas para abastecer a los trabajadores que prestan servicios de alimentos en el Capitolio y limpian las oficinas del Congreso. Durante un cierre, esos trabajadores no pueden trabajar, y debido a que se les paga un salario por hora en lugar de un salario, rara vez recuperan esos salarios perdidos.
El daño económico es limitado y localizado
El cierre de 35 días durante la administración Trump fue solo parcial, porque antes de que comenzara, el Congreso había aprobado medidas de financiación para algunas agencias, en particular el Departamento de Defensa.
Sin embargo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO sigls en inglés) estimó más tarde que el cierre había “retrasado aproximadamente 18.000 millones de dólares en gastos discrecionales federales para compensación y compras de bienes y servicios, y suspendió algunos servicios federales”.
El impacto general en el PIB fue menor, encontró la CBO. Durante el cierre e inmediatamente después, la actividad económica se desplomó notablemente, pero gran parte de esa productividad “perdida” se recuperó más adelante en el año. En resumen, la CBO dijo que el cierre de 35 días redujo el PIB de 2019 en EE. UU. en solo un 0,02%.
Sin embargo, señaló la CBO, el daño causado por el cierre no se distribuyó por igual.
“Detrás de esos efectos en la economía en general hay efectos mucho más significativos en las empresas y los trabajadores individuales”, encontró la agencia.
“Entre los que experimentaron los efectos negativos más grandes y directos se encuentran los trabajadores federales que enfrentaron compensaciones demoradas y las entidades del sector privado que perdieron negocios. Algunas de esas entidades del sector privado nunca recuperarán los ingresos perdidos”, indicó.
‘Completamente irresponsable’
Kelley, de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, señaló que no tiene precedentes que el gobierno se cierre en medio de una pandemia, y calificó de “completamente irresponsable” obstaculizar a las agencias que luchan contra el COVID-19 con escasez de personal.
“Cerrar el gobierno en esta coyuntura crítica, en esta lucha contra la peligrosa variante delta (del virus COVID-19) es simplemente impensable”, dijo.
Stier, cuya organización preparó una guía detallada para las agencias gubernamentales que navegan por los cierres, dijo que toda esa guía tuvo que ser reescrita para reflejar a los empleados que trabajan de forma remota y que las nuevas medidas siguen sin probarse.
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