El Departamento de Justicia sostuvo frente a una corte de apelaciones que evitar que se imponga el mandato de vacunación —o de uso de tapabocas para los no vacunados—costaría “decenas o cientos de vidas por día”.
Washington, DC. (VOA) – El gobierno estadounidense sostiene que tiene la autoridad legal para exigir que los grandes empleadores estadounidenses obliguen a sus 84 millones de trabajadores a vacunarse contra el coronavirus antes del 4 de enero, o que usen máscaras en el lugar de trabajo y se sometan a pruebas semanales.
La semana pasada, una corte de apelaciones bloqueó temporalmente el mandato del presidente Joe Biden, en espera de nuevas acciones judiciales, con una suspensión a nivel nacional de su directiva que, según él, tiene como objetivo frenar la pandemia en curso que ha dejado más de 750.000 muertes en EE. UU., la mayor cifra del planeta.
Numerosos gobernadores estatales republicanos han expresado su oposición a la orden del presidente demócrata. Los gobernadores y algunos empleadores presentaron una demanda para bloquearlo, alegando que el mandato de vacunación y de usar tapabocas excede la autoridad del gobierno federal.
Pero en una presentación de 28 páginas el lunes en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, el Departamento de Justicia sostuvo que evitar que se imponga el mandato “probablemente costaría decenas o incluso cientos de vidas por día, además de un gran número de hospitalizaciones, otros problemas graves de salud y costos tremendos. Esa es una confluencia de daños del más alto nivel “.
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) del gobierno, bajo la directiva de Biden, emitió el mandato la semana pasada, obligando a las empresas con al menos 100 empleados a exigir a los trabajadores no vacunados que usen mascarillas en interiores a partir del 5 de diciembre y que se vacunen un mes después o se sometan a pruebas semanales en el trabajo.
La Casa Blanca señaló el lunes que las impugnaciones legales a los mandatos del gobierno son comunes e instó a los empleadores a no esperar una decisión legal final antes de exigir que sus trabajadores se vacunen, como ya lo han hecho varias empresas destacadas.
Un juez federal en Texas dictaminó el lunes que United Airlines, una de las aerolíneas estadounidenses más grandes, puede poner a sus trabajadores no vacunados en baja no remunerada, incluso si la aerolínea ya les había otorgado exenciones médicas o religiosas.
Unos 2.000 trabajadores de United se ven afectados por el fallo, pero la aerolínea dijo que el 99,7% de sus empleados están completamente vacunados.
La coalición de oponentes al mandato de Biden ha argumentado que es una extralimitación ilegal que excede la autoridad de OSHA. Los oponentes sostienen que el Congreso tenía la intención de que OSHA fuera una agencia con jurisdicción limitada, para proteger a los trabajadores de sustancias peligrosas en el lugar de trabajo como el asbesto, “no una agencia de salud pública con amplia autoridad para abordar las enfermedades transmisibles a través de la regulación”.
La Corte Suprema de EE. UU. aprobó el mes pasado un mandato de vacunación que cubre a los trabajadores de la salud en el estado nororiental de Maine, pero aún tiene que considerar un mandato nacional amplio, como la orden de Biden que afecta a empresas privadas o su orden que requiere 4 millones de empleados federales y contratistas que trabajan para el gobierno federal se vacunen antes del 22 de noviembre.
El número de nuevos casos de coronavirus ha ido disminuyendo durante varias semanas en EE. UU., pero aún así se registran alrededor de 70.000 casos adicionales todos los días.
Más de 194 de los 333 millones de habitantes de EE. UU. se han vacunado por completo. Pero millones de adultos han rechazado las vacunas por diversas razones, frenando el esfuerzo de Biden por controlar completamente la pandemia.
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