Nuevas acusaciones, restricciones de visa y recompensas integran la estrategia; la DEA advirtió sobre funcionarios corruptos, pero no reveló nombres.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Estados Unidos amplió su ofensiva judicial y migratoria contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mediante nuevas acusaciones penales, recompensas que suman hasta 102 millones de dólares y restricciones de visa para 65 familiares y asociados de integrantes de la organización criminal.
El anuncio realizado el 5 de agosto de 2026 involucró al Departamento de Justicia, la Administración para el Control de Drogas (DEA), el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional, la unidad criminal del Servicio de Impuestos Internos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Las medidas no corresponden a una sola operación policial ni implican capturas inmediatas.
La mayor recompensa, de hasta 25 millones de dólares, corresponde a Juan Carlos Valencia González, identificado también como Juan Carlos González y conocido como El Pelón. Autoridades estadounidenses lo consideran presunto sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, al frente del CJNG.
Esa identificación representa una evaluación de inteligencia de Estados Unidos y no una conclusión establecida mediante sentencia judicial ni una confirmación independiente del Gobierno mexicano. La recompensa contra Valencia González ya existía desde 2021, cuando se ofrecían hasta cinco millones de dólares, por lo que la novedad consiste en su incremento.
¿Cómo se distribuyen los 102 millones de dólares?
Además de los 25 millones ofrecidos por Valencia González, Estados Unidos anunció recompensas de hasta 15 millones de dólares por Audias Flores Silva, Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán y Julio Alberto Castillo Rodríguez.
Las autoridades también ofrecen hasta 10 millones de dólares por información relacionada con Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Ricardo Ruiz Velasco, así como dos millones de dólares por Griselda Margarita Arredondo Pinzón.
La suma exacta de las ocho recompensas es de 102 millones de dólares. Los montos son cantidades máximas y su publicación no significa que el Gobierno estadounidense vaya a entregar automáticamente la totalidad del dinero.
Audias Flores Silva, El Jardinero, fue detenido por autoridades mexicanas en abril de 2026. En su caso, la recompensa puede otorgarse por información que contribuya a conseguir una condena, incluidos testimonios, pruebas documentales o datos financieros. Por ello, resulta impreciso describir a las ocho personas como prófugas.
Declara DEA a líder del CJNG como su principal objetivo y eleva recompensas
¿Qué nuevas acusaciones presentó Estados Unidos?
El Departamento de Justicia divulgó acusaciones contra cinco presuntos dirigentes adicionales: Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela, Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, Ricardo Ruiz Velasco y Julio Alberto Castillo Rodríguez.
Los expedientes incluyen señalamientos por conspiración para producir y distribuir cocaína, metanfetamina, heroína o fentanilo; tráfico de drogas hacia Estados Unidos; uso de armas; lavado de dinero y apoyo material a una organización designada como terrorista.
Todas las personas mencionadas están acusadas, pero no han sido condenadas. Las penas de hasta dos cadenas perpetuas consecutivas señaladas por autoridades estadounidenses solamente podrían imponerse después de una detención, extradición, proceso judicial y declaración de culpabilidad.
Las imputaciones sostienen que Montero Pinzón y Rivera Varela habrían fundado y dirigido el llamado Grupo Élite por instrucciones de El Mencho. Fiscales estadounidenses describen a esa estructura como un brazo armado encargado del control territorial, operaciones violentas y entrenamiento en armas de alto poder.
La DEA también relacionó directamente a Montero Pinzón, conocido como El Tarjetas, con el atentado cometido en 2020 contra Omar García Harfuch. El anuncio, sin embargo, no demuestra que haya ordenado el ataque ni precisa si enfrenta una acusación formal en México por esos hechos.
¿Qué dijo la DEA sobre funcionarios mexicanos?
El director de la DEA, Terrance Cole, aseguró que el CJNG ha mantenido parte de su influencia mediante actos de violencia y corrupción, con la presunta participación de integrantes del Gobierno mexicano que protegerían a dirigentes y facilitarían operaciones de narcotráfico y lavado de dinero.
“Ninguna posición o conexión política los protegerá”.
La advertencia fue dirigida de manera general a funcionarios corruptos y facilitadores, pero las autoridades estadounidenses no presentaron nombres, cargos, estados, municipios, órdenes de aprehensión ni acusaciones penales contra políticos mexicanos durante el anuncio.
La expresión “narcopolíticos” tampoco fue utilizada en la información oficial. La categoría de funcionarios señalada por la DEA puede incluir policías, agentes aduanales, personal penitenciario, autoridades administrativas, integrantes de gobiernos municipales o representantes electos.
¿Qué alcance tienen las restricciones de visa?
El Departamento de Estado impuso restricciones migratorias a 65 familiares y asociados de integrantes del CJNG. Sus identidades no fueron publicadas y tampoco se informó que todos sean mexicanos, funcionarios públicos o personas sujetas a procesos penales.
Una restricción de visa constituye una medida administrativa y no demuestra por sí misma responsabilidad criminal. También debe diferenciarse de las recompensas, acusaciones judiciales, detenciones, extradiciones y sanciones financieras.
La ofensiva anunciada en agosto se vincula con las sanciones aplicadas el 23 de julio contra más de 50 personas y entidades mexicanas relacionadas con el CJNG. Aquella acción alcanzó a presuntos operadores, familiares, empresas, prestanombres y redes vinculadas con lavado de dinero, robo de combustible y fraudes de tiempos compartidos.
Las sanciones financieras de julio y las medidas judiciales y migratorias de agosto forman parte de una misma estrategia de presión, pero fueron anunciadas en fechas distintas. La nueva etapa concentra sus acciones públicas en ocho presuntos dirigentes o colaboradores del CJNG, mientras permanece sin divulgarse una lista de funcionarios mexicanos investigados.
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