Una reciente investigación ha revelado que la expulsión de migrantes irregulares, impulsada por la administración del expresidente Donald Trump, podría tener un impacto significativo en la economía de California.
California (ADN/Staff) .- Según el estudio, el estado perdería cerca de 23.000 millones de dólares anuales en ingresos fiscales como resultado de esta política. Este fenómeno no solo afecta a los migrantes, sino que también repercute en la economía estatal en su conjunto.
Los trabajadores indocumentados representan aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) del estado, contribuyendo con más de 23.000 millones de dólares anuales en impuestos locales, estatales y federales. La investigación subraya que, sin estas contribuciones, California podría descender dos posiciones en su clasificación económica a nivel mundial. Este descenso podría tener consecuencias a largo plazo para la estabilidad financiera del estado.
Además de los ingresos fiscales, la eliminación de la fuerza laboral inmigrante podría resultar en una pérdida directa de casi 153.000 millones de dólares, considerando el valor de la mano de obra y los salarios que aportan. Esta cifra refleja la importancia de los migrantes en diversos sectores económicos, desde la agricultura hasta la construcción y los servicios.
El estudio también considera factores indirectos que podrían agravar la situación económica. Se estima que la interrupción de las cadenas de suministro y la reducción de la actividad comercial podrían llevar las pérdidas a un total de 212.000 millones de dólares. Este impacto indirecto resalta cómo la economía de California está interconectada y cómo la reducción de la fuerza laboral puede afectar a múltiples industrias.
Otro aspecto relevante del informe es la pérdida de ingresos generados por el gasto familiar en bienes y servicios. Se estima que esta reducción podría sumar unos 63.000 millones de dólares en pérdidas para el estado. Esto incluye gastos en vivienda, alimentación, transporte y atención médica, todos ellos cruciales para el funcionamiento de la economía local.
El informe se publica en un contexto de endurecimiento de la política antiinmigrante por parte de la Casa Blanca, que ha exigido al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) la detención de hasta 3.000 inmigrantes diarios. Esta situación ha generado protestas en ciudades como Los Ángeles, donde la alcaldesa Karen Bass ha declarado un toque de queda para abordar lo que ella considera “malos actores” que se aprovechan de la situación. La combinación de estas políticas y su impacto económico plantea un desafío significativo para el futuro de California.
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