La FFM fue establecida en 2019 en Venezuela para investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas, y entre otros.
La propuesta Ley de Garantía para Continuar Rastreando los DDHH en Venezuela (AFECTA), fue firmada por los senadores demócratas Tim Kaine y Ben Cardin, y los republicanos Marco Rubio y Bill Hagerty. Esta iniciativa también busca impulsar “más acción” por parte de Washington para apoyar los derechos humanos en Venezuela.
A través de esta legislación, según Kaine, buscarán abordar las causas fundamentales de la migraciones de venezolanos a EEUU.
“La reanudación de las conversaciones entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana, incluido el acuerdo sobre un fondo humanitario crítico que será administrado por la ONU, es un avance prometedor y bienvenido. Pero es importante recordar que Maduro y su régimen continúan cometiendo graves crímenes y violaciones de derechos humanos contra su propio pueblo”, subrayó Kaine, citado en un comunicado.
Según el senador, Maduro y sus funcionarios “han permitido el reclutamiento forzado y la explotación de niños como soldados por parte de pandillas, han provocado que más de siete millones de venezolanos huyan de sus hogares, han avivado las llamas de la inseguridad alimentaria y han empujado a Venezuela a convertirse en una de las crisis de refugiados más grandes del mundo”.
Los legisladores también se propusieron “garantizar” que Maduro “rinda cuentas”.
“En momentos en que le narco-régimen de Maduro busca ser legitimado internacional por parte de gobiernos de la extrema izquierda en nuestra región, el mundo libre debe recordar la naturaleza criminal de esta dictadura desótica”, agregó por su parte el senador Rubio, también citado en la nota.
Rubió lamentó que el pueblo venezolano se enfrenta a una situació “inimaginable”, por lo que consideró: “tenemos la obligación moral de luchar en pos de la justicia y de asegurarnos de que Maduro y sus secuaces rindan cuentas”.
Esta ley también impulsaría a la FFM a emitir alertas tempranas sobre un mayor deterioro de la democracia en Venezuela, exigiría que se ordene al embajador de EEUU ante la ONU a que trabaje con las autoridades para asegurar la liberación de ciudadanos extranjeros detenidos sin justificación, e instaría a la ONU a abordar las necesidades humanitarias del pueblo venezolano.
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