Carlos Torres niega vínculos con crimen organizado; mandataria asegura que “la situación se aclarará satisfactoriamente”.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó este fin de semana que su visa de turista a Estados Unidos fue revocada, misma medida que también afectó a su esposo, Carlos Torres Torres, funcionario estatal y municipal. El hecho ha generado fuertes especulaciones sobre una posible lista de funcionarios bajo observación del Departamento de Estado norteamericano.
La mandataria morenista dio a conocer la decisión a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), donde expresó que la medida forma parte de un contexto complejo y binacional, pero que confía en que “la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos”.
“Como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado”, escribió la gobernadora en alusión a su esposo, quien horas antes había revelado que su visa fue cancelada por “disposiciones internas” del gobierno estadounidense.
Carlos Torres, actual coordinador de proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Tijuana, afirmó en redes sociales que no enfrenta ninguna acusación ni investigación formal, y aseguró tener la conciencia tranquila. No obstante, fuentes extraoficiales apuntan que la revocación de visas podría formar parte de un esfuerzo sistemático del gobierno estadounidense para restringir el acceso a su territorio a funcionarios sospechosos de corrupción o nexos con el crimen organizado.
Este contexto fue alimentado por comentarios del exsubsecretario de Planeación Turística, Simón Levy, quien señaló que “varios servidores públicos mexicanos están viendo revocadas sus visas”, mientras que el periodista Salvador García Soto advirtió sobre una posible “cacería” contra funcionarios con supuestos vínculos con el narcotráfico.
La revocación ocurre además pocos días después de que se conociera la cancelación del visado al alcalde de Matamoros, Alberto Granados, presuntamente implicado en una investigación federal por tráfico de drogas.
Carlos Torres, esposo de la gobernadora, fue militante del PAN y delegado de la Secretaría de Desarrollo Social durante el sexenio de Felipe Calderón. Más tarde fue expulsado del blanquiazul por apoyar la “Ley Bonilla” en Baja California, considerada inconstitucional por la Suprema Corte.
Por ahora, ni el Departamento de Estado ni alguna agencia federal estadounidense han emitido declaraciones oficiales respecto al caso de Marina del Pilar y su esposo. Sin embargo, la coincidencia de estas revocaciones con antecedentes similares refuerza las versiones sobre una estrategia diplomática más rigurosa hacia actores políticos en México con historial o sospechas de conductas irregulares.
Desde el entorno de la gobernadora, se mantiene la narrativa de que todo se trata de una cuestión administrativa sin implicaciones legales, pero el daño político y mediático ya está hecho, y podría tener efectos en su imagen pública y en su proyección dentro de Morena rumbo a futuros escenarios electorales.
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