La presidenta afirmó que la paridad debe garantizarse mediante reglas nacionales y no con disposiciones dirigidas a una entidad específica.
Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su desacuerdo con la propuesta impulsada en Chihuahua para establecer criterios obligatorios de género en la definición de candidaturas a la gubernatura, al considerar que la participación política de las mujeres debe garantizarse mediante reglas generales y no a través de disposiciones enfocadas en una elección o entidad en particular.
Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la iniciativa promovida por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, conocida en el debate público como “Ley AntiCruz”, por sus posibles implicaciones en la contienda por la gubernatura de 2027.
“Yo no estoy de acuerdo”, respondió la presidenta al referirse a la propuesta.
Sheinbaum aclaró que su postura no implica un rechazo a la participación de las mujeres en cargos de elección popular, sino a la forma en que se pretende establecer la medida.
“No porque no apoye que haya mujeres en los puestos de elección popular, claro que lo apoyamos, pero no así como lo pretenden hacer en Chihuahua”, señaló.
La titular del Ejecutivo federal recordó que la legislación electoral ya contempla mecanismos de paridad para garantizar espacios competitivos a las mujeres dentro de los procesos electorales.
Explicó que los partidos políticos deben cumplir criterios que eviten asignar únicamente candidaturas con menores posibilidades de triunfo a mujeres, promoviendo una distribución equitativa en posiciones competitivas.
Asimismo, advirtió que cuando una reforma se diseña para una entidad específica puede generar la percepción de que busca beneficiar o perjudicar a determinados actores políticos.
“Si se hace para una entidad de la República, entonces ya tiene nombre y apellido el sucesor o sucesora”, expresó.
La presidenta sostuvo que las controversias relacionadas con la aplicación de criterios electorales deben resolverse dentro del marco institucional vigente.
En ese sentido, señaló que corresponderá a las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, determinar la viabilidad y legalidad de cualquier modificación que se impulse en la materia.
Finalmente, Sheinbaum indicó que iniciativas similares han surgido en otras entidades del país y reiteró que la participación política de las mujeres debe fortalecerse mediante reglas nacionales de paridad y no mediante disposiciones diseñadas para procesos electorales específicos.
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