Investigadores y antecedentes históricos señalan una relación de décadas entre estructuras gubernamentales y grupos criminales en la entidad.
Culiacán, Sin. (ADN/Arturo Hernández) – La acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reavivó el debate sobre la presunta relación histórica entre estructuras políticas sinaloenses y organizaciones del narcotráfico.
La denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentada el pasado 29 de abril, incluye a diez funcionarios y exfuncionarios vinculados a la administración estatal de Sinaloa, quienes presuntamente habrían colaborado con integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.
De acuerdo con la acusación, los señalados habrían conspirado para facilitar operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos millonarios.
Entre las personas mencionadas en la denuncia aparecen Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, además de exfuncionarios estatales y presuntos operadores criminales.
“El señalamiento en contra de Rubén Rocha Moya es la confirmación de cómo los grupos criminales han cooptado las estructuras políticas”.
El investigador criminal Víctor Manuel Sánchez, de la Universidad Autónoma de Coahuila, explicó que la relación entre grupos criminales y gobiernos sinaloenses se remonta a la década de 1960 con figuras como Pedro Avilés Pérez, conocido como “El León de la Sierra”, considerado precursor del narcotráfico moderno en México.
Según el académico, durante las administraciones estatales encabezadas por Leopoldo Sánchez Celis, Alfredo Valdez Montoya y Alfonso Calderón Velarde se consolidaron redes de protección política hacia figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.
El análisis histórico señala que el crecimiento del Cártel de Guadalajara y posteriormente del Cártel de Sinaloa ocurrió bajo esquemas de protección institucional, facilitando el desarrollo de rutas de tráfico, estructuras financieras y control territorial.
“La narcocultura en Sinaloa es un fenómeno donde las actividades delictivas se han entrelazado profundamente con la vida cotidiana”.
La investigación también retoma episodios históricos como la “Operación Cóndor”, implementada entre 1975 y 1977 en el llamado Triángulo Dorado, integrado por Sinaloa, Chihuahua y Durango, cuyo objetivo era erradicar cultivos de amapola y marihuana.
De acuerdo con el especialista, la estrategia fracasó debido a la infiltración criminal en corporaciones de seguridad y estructuras gubernamentales, situación que derivó en la expansión de los grandes cárteles mexicanos y en el establecimiento del sistema de “plazas”.
La acusación estadounidense también vincula a integrantes del Gobierno sinaloense con protección política y operativa a favor de “Los Chapitos” durante el proceso electoral de 2021, además de señalar presuntos vínculos con operaciones de tráfico de drogas y homicidios relacionados con informantes de la DEA.
“Las acusaciones contra Rocha Moya refrendan una protección que por más de 60 años ha recibido el Cártel de Sinaloa”.
Actualmente, la gubernatura de Sinaloa permanece bajo la administración interina de Yeraldine Bonilla Valverde desde el pasado 2 de mayo de 2026, mientras continúan las investigaciones y la expectativa sobre posibles acciones judiciales internacionales relacionadas con el caso.
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