Una de las características diferenciadoras de la época conocida como el “Desarrollo Estabilizador” mexicano, de 1954 a 1970, que permitió años de crecimiento económico sostenido con baja inflación, fue la inversión pública en infraestructura. Durante esos años, con una política que promovió la industrialización del país, así como la sustitución de importaciones, se llegaron a invertir cifras superiores al 10% del Producto Interno Bruto (PIB) en áreas como energía, carreteras, ferrocarriles, agua y desarrollo regional. Derivado de la crisis monetaria de 1982, ante la caída de ingresos públicos y consecuentes recortes al gasto, la inversión pública en infraestructura cayó, para mantenerse en niveles moderados promedio entre el 2% y el 4% anual desde 1980 al 2000, con una fuerte dependencia de los ingresos petroleros.
Es la eliminación de barreras comerciales promovida a partir de 1986 y la integración de México al bloque de Norteamérica, lo que permitió atenuar parcialmente el descenso en la inversión pública productiva. Se redujo en forma importante el papel del Estado como inversor y aumentó la participación de los particulares. Del año 2000 al 2013, la inversión pública productiva se mantuvo relativamente estable a pesar de las recurrentes políticas de austeridad y la caída en los precios de petróleo. No obstante, a partir del 2015, la inversión en infraestructura experimentó una caída estrepitosa, rematada por la pandemia del Covid-19 del 40% en términos reales, con índices de crecimiento del 2% del PIB y tasas de pobreza de hasta el 40%.
De acuerdo con datos y opinión del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), esta caída del 40% ha limitado el crecimiento económico del país a entre uno o dos puntos porcentuales del PIB, cuando en 1980 llegó a representar hasta el 10%.
La inversión pública en infraestructura productiva es uno de los principales determinantes del crecimiento económico; incide también en la distribución del ingreso y contribuye al logro de los objetivos de desarrollo sostenible en materias de educación, salud y sustentabilidad.
El año pasado, el desplome fue todavía más evidente. La inversión pública en infraestructura cayó con respecto al 2024 un 28.4%, lo que constituye el peor registro desde 1991. El monto fue por 769,961 millones de pesos, mientras que al cierre de 2024 se habían reportado 1.03 billones de pesos de inversión. Otro aspecto importante para considerar, aunado a los recortes anuales al gasto, lo constituyen las señales de certidumbre a la inversión productiva. En México, políticas públicas recientes como las reformas en materia de energía y la llamada reforma judicial, claramente desalientan la inversión privada complementaria en infraestructura en el país.
En efecto, ante finanzas públicas limitadas, lo más común es recortar presupuesto de inversión en obras públicas, lo que deja desventajas competitivas para atraer inversión privada complementaria en el impulso del crecimiento económico.
Actualmente, México tiene un rezago muy importante en la inversión en infraestructura productiva. Recientemente se han realizado proyectos grandes, pero muy cuestionables en cuanto a su capacidad para agregar valor. Por el contrario, muchos de ellos deficientes en sus análisis técnicos de origen que han tenido que subsidiarse con costo al erario.
Rafael Espino
De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.
