Productores lograron acuerdos clave sobre herencia de concesiones; diputados prevén votar el dictamen este 3 de diciembre.
Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – Luego de una semana marcada por bloqueos carreteros, cierres de aduanas y puentes internacionales —entre ellos los de Ciudad Juárez—, el Congreso de la Unión anunció modificaciones a la propuesta de Reforma a la Ley General de Aguas, derivadas de mesas de diálogo con productores agrícolas inconformes con la iniciativa original. El nuevo dictamen, que incorpora demandas clave del sector rural, será sometido a votación este miércoles 3 de diciembre en la Cámara de Diputados.
La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, presidida por el diputado morenista Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, fue la encargada de integrar los cambios.
Entre los principales ajustes se encuentra la inclusión del concepto “uso agropecuario familiar”, con el que se garantiza que las concesiones de agua puedan ser heredadas por familias campesinas, protegiendo así su derecho al uso del recurso hídrico como sustento.
Uno de los temas más sensibles para el sector fue el artículo que, en su versión inicial, estipulaba que al fallecer el titular de una concesión, el derecho volvía al Estado. Esto generó un amplio rechazo entre los productores, al considerar que atentaba contra la continuidad de las actividades agrícolas familiares. Con las modificaciones, el artículo 49 se mantiene sin cambio y conserva la posibilidad de transmitir la concesión en el mismo volumen, uso y plazo remanente, en casos de sucesión o compraventa de tierras.
Además, se añadieron los artículos 37 Bis 1 y 37 Bis 2, que establecen plazos concretos para que la nueva Autoridad Nacional del Agua —que sustituirá a la Comisión Nacional del Agua (Conagua)— resuelva solicitudes de transmisión de dominio en predios con concesión vigente. El organismo tendrá hasta 20 días hábiles para emitir un nuevo título a favor de quien acredite legalmente la propiedad del terreno o la fusión de sociedades relacionadas.
En respuesta a otro de los reclamos del sector agrícola, se amplió de uno a dos años el periodo previo al vencimiento de una concesión en el cual se puede solicitar prórroga. Asimismo, se redujeron las sanciones económicas por delitos hídricos: de una multa máxima de 50 mil UMAs (alrededor de 5.6 millones de pesos), a 30 mil (aproximadamente 3.39 millones). Las penas de prisión también fueron ajustadas a un rango de tres meses a ocho años, excluyendo expresamente los casos de uso doméstico, personal o agropecuario familiar.
Un cambio relevante en materia penal es la acotación de los supuestos de delito, de modo que solo se considerará ilícita la utilización de agua cuando el usuario tenga conocimiento de que el recurso fue obtenido de manera ilegal, lo que protege a productores que pudieran verse involucrados sin intención ni información sobre el origen del agua.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó los ajustes y reiteró que el objetivo central de la reforma es evitar el acaparamiento y el uso indebido del recurso, pero con sensibilidad hacia quienes dependen directamente del agua para subsistir. Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, reconoció que las modificaciones responden a las peticiones expresas de los agricultores y llamó a votar el dictamen con base en los nuevos consensos.
Con estos acuerdos, se logró el levantamiento de los bloqueos en distintas entidades del país. Sin embargo, líderes campesinos han advertido que mantendrán vigilancia sobre el proceso legislativo y la implementación de los cambios, para evitar que se vulneren nuevamente sus derechos sobre el uso del agua, uno de los recursos más disputados y estratégicos en regiones como Chihuahua.
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