Autoridades estadounidenses documentaron una red empresarial usada para blanquear ganancias del narcotráfico en sectores inmobiliarios, químicos y comerciales
Ciudad de México (ADN/Staff) – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a cinco grupos familiares —Guzmán, Núñez, Marín, Favela y Zamudio— como pilares financieros de la facción criminal conocida como Los Chapitos, dedicada al tráfico de fentanilo y metanfetamina y al lavado de sus ganancias mediante una amplia red de empresas legales en México.
De acuerdo con información documentada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), durante más de dos décadas estas familias construyeron un entramado empresarial que abarcó desarrollos inmobiliarios, constructoras, hoteles, gasolineras, comercios, plataformas de criptomonedas y compañías químico-farmacéuticas, principalmente en Sinaloa, Sonora, Jalisco y Baja California.
Las investigaciones estadounidenses señalan que la red permitió introducir recursos ilícitos a la economía formal, con funciones diferenciadas: algunos grupos proveyeron precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas, otros fungieron como intermediarios financieros entre Estados Unidos y México, y algunos más invirtieron en proyectos inmobiliarios de gran escala para legitimar el capital.
Entre 2012 y 2025, la OFAC sancionó a 59 personas físicas y 37 empresas vinculadas con Los Chapitos, acciones que en distintos momentos se coordinaron con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano. Sin embargo, el rastreo de registros públicos permitió identificar al menos 35 empresas adicionales relacionadas con la red, que no han sido formalmente sancionadas.
Uno de los casos más visibles es el de la familia Núñez, ligada a desarrollos inmobiliarios en Mazatlán, donde se impulsaron torres residenciales y proyectos turísticos. Tras señalamientos públicos y la posterior sanción de la OFAC en 2025, integrantes del grupo familiar se retiraron formalmente de varias empresas, cediendo acciones y deteniendo obras que quedaron inconclusas.
La familia Marín fue identificada como operadora de un esquema clásico de lavado conocido como Black Market Peso Exchange, utilizando tiendas de telefonía celular y negocios de comida rápida para convertir dólares provenientes del narcotráfico en pesos mexicanos. Varias de estas empresas cerraron o cambiaron de nombre tras ser boletinadas en 2024.
En el caso de los Zamudio, las autoridades estadounidenses los señalaron como proveedores de precursores químicos para “súper laboratorios” de drogas sintéticas, al tiempo que mantenían inversiones en plazas comerciales, gasolineras y empresas constructoras. Algunos integrantes obtuvieron amparos judiciales en México contra el congelamiento de cuentas bancarias.
Por su parte, la familia Favela fue vinculada con el suministro de insumos químicos tanto a laboratorios clandestinos como a instituciones públicas. Registros oficiales muestran que empresas de este grupo obtuvieron contratos con gobiernos estatales y dependencias públicas, incluso después de los primeros señalamientos internacionales.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el modelo financiero de Los Chapitos no se sostuvo en un solo apellido, sino en una estructura familiar y empresarial compleja, diseñada para sostener la producción de drogas sintéticas y asegurar la permanencia del capital ilícito dentro del sistema económico formal.
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