Crimen organizado, impunidad, corrupción, complicidad entre autoridades y grupos delictivos, así como el incumplimiento de obligaciones por parte de municipios y estados en la materia, son los factores que provocan las agresiones hacia miembros del gremio y defensores de derechos humanos.
Ciudad de México (ADN / Martín Orquiz) – Durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, 220 periodistas fueron asesinados en México, indica el conteo de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Estas cifras fueron presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados por el titular de esa unidad, Enrique Irazoque Palazuelos.
Entre las víctimas se contabilizan 32 mujeres y 220 hombres; de diciembre del 2006 a noviembre de 2012 se registraron 101 asesinatos (14 mujeres y 87 hombres), de diciembre a 2012 a noviembre de 2018 fueron 96 (12 mujeres y 84 hombres), mientras que de diciembre de 2018 a enero de 2022 mataron a 55 (6 mujeres y 49 hombres), indica el reporte.
Irazoque Palazuelos mencionó que los factores que generan las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas incluyen al crimen organizado, impunidad, corrupción, colusión entre autoridades y grupos delictivos y el incumplimiento de las obligaciones que tienen municipios y estados en la materia.
El funcionario explicó que, ante el aumento de agresiones a periodistas desde 2006 a la fecha, se debe construir una política de Estado, en la que se involucren autoridades estatales y municipales para que exista una visión nacional e integral que genere un efecto en todo el país para prevenir agresiones a quienes se dedican a esas actividades.
Dijo que el mecanismo de protección es un órgano de coordinación y cooperación entre la federación, las entidades federativas y las fiscalías para implementar medidas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de personas que desempeñen esas diligencias que enfrenten en riesgos o amenazas.
Esa herramienta es una medida extraordinaria para quienes enfrentan situaciones de riesgo, indicó.
Pero, añadió, las medidas otorgadas de forma independiente y autónoma por el mecanismo no suplen las obligaciones legales y constitucionales que le corresponden directamente a las áreas de gobierno y seguridad de entidades federativas y municipios.
Tampoco a las que le corresponden a las Fiscalías con respecto a la protección y acceso a la justicia en temas relativos a delitos cometidos contra periodistas.
Con el fin de crear mejores herramientas jurídicas, desde la Secretaría de Gobernación se impulsa la construcción de una iniciativa de Ley General que contenga un Sistema Nacional de Prevención y Protección ante agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como el establecimiento de corresponsabilidades claras en esta materia de la federación, estados, municipios y Fiscalías Generales de Justicia, dijo.
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