Autoridades estadounidenses no han emitido información oficial sobre los presuntos aseguramientos de efectivo, inmuebles y cuentas bancarias atribuidos al entorno del exgobernador de Sinaloa.
Culiacán, Sin. (ADN/Arturo Hernández) – Reportes periodísticos difundidos en los últimos días señalan que autoridades de Estados Unidos habrían asegurado 65 millones de dólares en efectivo, dos departamentos en Texas y congelado cuentas bancarias presuntamente relacionadas con familiares y empresas vinculadas al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Las versiones sostienen que estas medidas formarían parte de una investigación financiera por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y que las indagatorias alcanzarían activos localizados en McAllen y Dallas, Texas. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad estadounidense ha emitido un comunicado, resolución judicial o documento oficial que confirme dichos aseguramientos.
El caso se desarrolla en un contexto en el que el Gobierno de Estados Unidos mantiene señalamientos contra Rocha Moya y ha solicitado su detención con fines de extradición, mientras que el Gobierno de México ha sostenido que no ha recibido las pruebas necesarias para sustentar una acción penal en territorio nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que su administración no protegerá a nadie, pero tampoco actuará sin elementos probatorios suficientes.
De confirmarse los presuntos aseguramientos, se trataría de una de las acciones patrimoniales de mayor alcance relacionadas con un exmandatario estatal mexicano. No obstante, la ausencia de información oficial impide corroborar el monto, el origen de los bienes o el fundamento jurídico de las medidas.
Hasta ahora, las publicaciones sobre el supuesto aseguramiento se apoyan en versiones periodísticas y fuentes no oficiales, mientras que las autoridades de ambos países no han dado a conocer nuevos detalles sobre el avance de las investigaciones.
En ese contexto, la confirmación o el desmentido de estas versiones dependerá de la eventual difusión de información por parte de las autoridades competentes, a fin de esclarecer el alcance de las investigaciones y evitar la difusión de datos no corroborados.
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