Estados Unidos tardó demasiado en admitir una verdad elemental: su campo también depende de México.
No porque exista una conspiración organizada desde Palacio Nacional, ni porque cientos de miles de trabajadores mexicanos hayan recibido una instrucción secreta para abandonar las cosechas estadounidenses. Esa versión, repetida en videos virales y discursos patrioteros, resulta atractiva porque ofrece una revancha sencilla: México descubre su poder, cierra la llave de la mano de obra y obliga a Washington a doblar las manos.
El problema es que no hay evidencia de semejante operación. Y, además, la realidad es bastante más incómoda.
Durante décadas, Estados Unidos levantó una de las agriculturas más productivas del planeta sobre una contradicción difícil de sostener: necesita trabajadores extranjeros, pero una parte de su política ofrece perseguirlos y expulsarlos; requiere alimentos mexicanos, pero insiste en presentar a México como amenaza; depende de una frontera ágil para comerciar y, al mismo tiempo, convierte esa frontera en escenografía electoral.
La pregunta importante no es si México tiene capacidad para poner de rodillas al campo estadounidense. La pregunta es cuánto tiempo puede funcionar un sistema que hostiga a las mismas personas que necesita para levantar la cosecha.
Entre 2020 y 2022, apenas 32 por ciento de los trabajadores contratados en cultivos había nacido en Estados Unidos. El resto provenía de otros países. Dentro de esa fuerza laboral había ciudadanos naturalizados, residentes, trabajadores autorizados y también personas sin permiso de trabajo. De acuerdo con las cifras citadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 42 por ciento de los trabajadores agrícolas encuestados carecía de autorización laboral.
Conviene precisar el dato porque la exageración también distorsiona. No se trata de 68 por ciento de toda la cadena alimentaria de Estados Unidos. La estadística no abarca supermercados, transportistas, plantas procesadoras, ranchos ganaderos ni todos los empleos asociados a los alimentos. Se refiere a trabajadores contratados en los cultivos.
Aun así, la dimensión del dato es enorme. Una parte sustancial de las frutas y verduras que llegan a las mesas estadounidenses depende de personas nacidas fuera del país. Muchas de ellas son mexicanas.
Hay otro elemento que desmonta la idea de una retirada coordinada desde México. La mayoría de estos trabajadores ya no encaja en la imagen clásica del jornalero que cruza la frontera cada temporada y vuelve a su comunidad al terminar la cosecha. El 83 por ciento es considerado laboralmente establecido. Vive cerca de los campos donde trabaja, tiene familia, renta una vivienda, paga cuentas y forma parte de comunidades estadounidenses.
No son piezas almacenadas al sur de la frontera que el gobierno mexicano pueda retirar del tablero.
El verdadero riesgo no está en una orden emitida desde México, sino en que Estados Unidos desorganice desde dentro la fuerza laboral que sostiene su agricultura. Una redada no termina cuando se apagan las sirenas. Su efecto se extiende a los días siguientes: trabajadores que dejan de presentarse, familias que evitan las carreteras, cuadrillas incompletas, productores que ya no saben cuántas manos tendrán disponibles al amanecer.
En una oficina, un retraso puede reprogramarse. En el campo, no siempre.
La fruta madura con independencia del calendario político. La lechuga no espera a que Washington resuelva sus contradicciones. Una semana de incertidumbre puede convertirse en una parcela perdida, en una empacadora trabajando a medias o en un contrato incumplido.
Tampoco debe suponerse que la escasez de mano de obra agrícola comenzó con una sola administración. Es un problema que Estados Unidos arrastra desde hace años. Los productores han tenido dificultades crecientes para contratar. Los salarios han subido. El uso de visas H-2A se ha expandido. Y la reserva de mano de obra disponible en las zonas rurales de México ya no es la misma que hace tres o cuatro décadas.
Ese cambio también merece atención. México se urbanizó, disminuyó su población rural en términos relativos y transformó sus patrones migratorios. El trabajador agrícola mexicano no es un recurso infinito, dispuesto a desplazarse cada temporada bajo cualquier condición.
El programa H-2A existe precisamente porque los empleadores estadounidenses pueden acreditar que no encuentran suficientes trabajadores locales para realizar labores temporales. Cada solicitud es, en los hechos, una admisión: el mercado laboral nacional no alcanza para cubrir la cosecha.
Puede hablarse de automatización, robots e inteligencia artificial, pero el campo no es una fábrica uniforme. Una máquina puede recorrer miles de hectáreas de maíz o trigo. Cosechar fresas, uvas, manzanas, lechugas o productos delicados exige seleccionar, cortar y manipular sin dañar. La tecnología avanza, pero no al mismo ritmo en todos los cultivos, ni tiene el mismo costo, ni puede instalarse de una semana a otra.
Cuando falta mano de obra, el problema no siempre aparece primero en una gran estadística nacional. Aparece en una parcela que no se cosechó. En un pedido que no llegó. En un precio que subió. En un alimento que terminó importándose.
Ahí surge la otra dependencia.
Estados Unidos no solo depende de trabajadores mexicanos y latinoamericanos. También depende de alimentos producidos en México. Y México, por supuesto, depende profundamente del mercado estadounidense. Más de 80 por ciento de las exportaciones mexicanas de mercancías tiene como destino Estados Unidos, mientras una parte considerable de las importaciones mexicanas procede de ese país.
En el sector agroalimentario, la relación corre en ambas direcciones. Estados Unidos vende a México maíz, carne de cerdo, lácteos y soya. México abastece al mercado estadounidense con frutas, verduras, bebidas y otros productos que ya forman parte de su consumo cotidiano.
No es una relación de dominio absoluto. Es interdependencia, aunque la palabra incomode a quienes prefieren hablar de soberanía como si consistiera en no necesitar a nadie.
Desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 y, más tarde, con el T-MEC, los tres países de América del Norte profundizaron cadenas productivas que ya no responden con facilidad a las fronteras políticas. Los productos cruzan varias veces antes de llegar al consumidor. Las empresas planean a escala regional. Los trabajadores migran. Las familias dependen de ambos lados.
Romper esa integración no sería indoloro.
Si se interrumpe el comercio, los consumidores estadounidenses enfrentan menor oferta y precios más altos, pero los productores mexicanos también pierden compradores. Si se endurece la política migratoria, los agricultores estadounidenses pueden quedarse sin trabajadores, pero numerosas familias mexicanas también pierden ingresos.
No hay un botón que un país pueda apretar sin recibir parte del golpe.
Por eso resulta tan engañosa la narrativa de una estrategia mexicana secreta. No hay pruebas públicas de una retirada coordinada de 300 mil trabajadores. Tampoco existe documentación suficiente que demuestre un sabotaje fitosanitario deliberado contra productos estadounidenses, ni una cláusula laboral oculta negociada dentro del T-MEC, ni delegaciones de productores del Medio Oeste viajando a escondidas para pactar directamente con México.
Una acusación extraordinaria requiere algo más que música dramática y fotografías de archivo. Requiere documentos, nombres, fechas, registros y expedientes. Sin eso, no hay una exclusiva. Hay propaganda.
Pero desmontar la fantasía no significa minimizar el problema.
Estados Unidos sí tiene una agricultura dependiente de trabajadores extranjeros. Muchos de ellos proceden de México. La oferta de mano de obra rural mexicana se ha reducido. El programa H-2A crece. Los alimentos atraviesan la frontera en ambos sentidos. Y una política de deportaciones amplias puede chocar de frente con los intereses de estados agrícolas gobernados tanto por republicanos como por demócratas.
Ese es el conflicto real: no México contra Estados Unidos, sino la política migratoria contra la economía cotidiana.
Es el discurso electoral enfrentándose a la temporada de cosecha. La promesa de expulsar trabajadores frente a la urgencia de recoger los alimentos. La retórica de autosuficiencia frente a una integración construida durante más de treinta años.
En esa discusión suele perderse lo más importante: los trabajadores no son infraestructura mexicana instalada en territorio estadounidense. No pertenecen al gobierno de México. No son soldados de una estrategia comercial. Son personas con decisiones propias, trayectorias distintas y vínculos complejos con los dos países.
Algunos llevan décadas en California, Arizona, Texas, Washington o Florida. Otros llegan con visas temporales. Otros trabajan sin documentos. Muchos tienen hijos estadounidenses y envían dinero a comunidades mexicanas. Algunos quieren volver. Otros no. Muchos ya no saben dónde termina un país y comienza su vida en el otro.
Presentarlos como un ejército silencioso puede alimentar el orgullo nacional, pero también les arrebata su individualidad. Los convierte en símbolo antes que en personas.
La defensa de los trabajadores agrícolas no necesita heroínas inventadas ni historias diseñadas para hacerse virales. Necesita contratos cumplidos, salarios justos, vivienda digna, protección frente a abusos y una política migratoria que reconozca el valor económico que ya producen.
Estados Unidos puede ampliar las visas temporales. Puede acelerar la automatización. Puede importar más alimentos. Puede endurecer las deportaciones. Lo que no puede hacer es adoptar todas esas decisiones al mismo tiempo y suponer que ninguna tendrá costos.
México tampoco puede confundir interdependencia con poder absoluto. La enorme concentración de sus exportaciones en el mercado estadounidense limita su margen de maniobra. Una ruptura severa también golpearía a productores, transportistas, trabajadores y comunidades mexicanas.
La relación no admite consignas fáciles. No hay vencedores permanentes ni adversarios completamente arrodillados. Hay dependencias compartidas, intereses cruzados y una frontera que, además de separar, sostiene uno de los sistemas económicos y alimentarios más complejos del mundo.
La propaganda puede fingir que la realidad obedece órdenes. La agricultura no. La fruta madura, la cosecha llega y alguien tiene que estar ahí para recogerla.
David Gamboa
Mercadólogo por la UVM. Profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Galardonado con la prestigiosa Columna de Plata de la APCJ por Columna en 2023. Es Editor General de ADN A Diario Network.
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