Hacienda detectó operaciones financieras de riesgo y ordenó inmovilizar recursos; reportes ubican a Guadalupe Taddei entre las personas afectadas.
Ciudad de México (ADN/Staff) – La Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de detectar operaciones financieras con elementos de riesgo, y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
La medida alcanza a un total de 40 personas físicas y morales relacionadas con empresas proveedoras del ámbito electoral, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Hacienda precisó que el bloqueo tiene carácter preventivo, precautorio y administrativo, por lo que no constituye una determinación definitiva de responsabilidad penal o administrativa. Las personas incluidas en la lista conservan sus derechos de defensa y garantía de audiencia.
La dependencia informó además que los elementos detectados durante sus análisis financieros fueron enviados a la FGR para que esa institución investigue los hechos y determine, en su caso, posibles responsabilidades.
Diversos reportes periodísticos señalaron que Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral, figura entre las personas cuyos recursos habrían sido inmovilizados, junto con proveedores electorales como José Alfredo Hernández Casillas. Sin embargo, la UIF no ha hecho públicos oficialmente los nombres contenidos en la lista.
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó este jueves que la identidad de las personas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas es información reservada y que legalmente no puede confirmar nombres específicos debido a las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y a la existencia de una carpeta de investigación.
La investigación financiera ocurre en medio de los cuestionamientos por contrataciones realizadas por el INE y organismos públicos locales electorales con empresas proveedoras de materiales y servicios.
El caso cobró mayor relevancia después de la salida de Taddei de la presidencia del INE y de la difusión de reportajes sobre posibles conflictos de interés, relaciones entre funcionarios y contratistas, así como adjudicaciones efectuadas durante distintas administraciones electorales.
La Auditoría Superior de la Federación también mantiene revisiones sobre el ejercicio del gasto y las contrataciones del sistema electoral, después de advertir sobre posibles irregularidades históricas relacionadas con proveedores.
El bloqueo de recursos no equivale a una sentencia ni acredita por sí mismo la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Corresponderá a la FGR determinar si los movimientos detectados por la UIF constituyen delitos y si existen responsabilidades individuales.
La UIF indicó que continuará con el análisis de información financiera y la coordinación con otras autoridades para prevenir y detectar posibles operaciones ilícitas relacionadas con el manejo de recursos dentro del sistema electoral.
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