Productores agrícolas anuncian más protestas tras aprobación en comisiones de la Cámara de Diputados.
Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – Las comisiones unidas de la Cámara de Diputados aprobaron este miércoles el dictamen de la nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, en un proceso legislativo que se encamina hacia su votación en el Pleno este jueves 4 de diciembre, bajo un clima de tensión social marcado por el rechazo de organizaciones de productores agrícolas de diversos estados, entre ellos Chihuahua.
La iniciativa fue respaldada por la mayoría parlamentaria de Morena, junto con sus aliados del PT y del Partido Verde, y fue avalada tras una serie de ajustes al dictamen original. El documento incluye más de 50 modificaciones que buscan atender las preocupaciones planteadas en foros y mesas de diálogo previas con diversos sectores, aunque estas no han sido suficientes para tranquilizar a los agricultores que temen afectaciones directas a sus derechos sobre el uso del agua.
Entre los puntos clave reformados se encuentra la regulación de la transmisibilidad de concesiones junto con la propiedad de la tierra, aspectos de herencia en procesos sucesorios y una mayor claridad legal respecto al uso agropecuario del recurso. A pesar de ello, organizaciones del campo consideran que la reforma sigue debilitando su seguridad jurídica sobre el agua, al priorizar el uso doméstico sobre otros usos en casos de escasez y prohibir la compraventa de concesiones entre privados.
Durante la discusión en comisiones, legisladores de oposición, principalmente del PAN y PRI, expresaron preocupación sobre el impacto que la reforma podría tener en comunidades rurales, ejidatarios y sistemas de riego colectivo, argumentando que centraliza atribuciones en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y no garantiza condiciones justas para los sectores productivos. Por su parte, diputados oficialistas defendieron la urgencia de una legislación más estricta y moderna ante el contexto de crisis hídrica que enfrenta el país.
Mientras se desarrollaba la sesión legislativa, grupos de agricultores se manifestaron en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, denunciando lo que consideran una amenaza a su subsistencia. En paralelo, en estados del norte como Chihuahua y Guanajuato, los productores han reiterado su llamado a nuevas movilizaciones, bloqueos de carreteras y toma de puentes fronterizos, principalmente en carriles comerciales, como medida de presión ante la inminente aprobación.
En Ciudad Juárez, organizaciones locales han advertido que de concretarse la aprobación en el Pleno este jueves, podrían replicarse protestas como las ya vistas durante conflictos pasados por el agua, especialmente en la región centro-sur del estado, donde el uso agrícola del recurso es esencial para la economía regional. La postura de los campesinos ha sido de “alerta permanente”, al considerar que sus derechos históricos están en riesgo.
De ser aprobada, la reforma representará una reconfiguración importante en el marco legal que rige el acceso, uso y control del agua en México. A mediano plazo, podría significar una mayor intervención del Estado en la asignación de este recurso, priorizando el enfoque de derecho humano, pero también podría detonar conflictos sociales si no se garantiza una implementación con sensibilidad territorial y mecanismos de diálogo permanente con los sectores afectados.
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