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    diciembre 14, 2025 | 9:02

    Aclara FGR que judicializó el caso Casar desde septiembre

    Publicado el

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    La Fiscalía federal sostuvo que la investigación penal contra María Amparo Casar fue impulsada directamente por Alejandro Gertz Manero y no por la fiscal capitalina.

    Ciudad de México (ADN/Staff) – La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la investigación penal contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fue judicializada desde septiembre pasado, como parte de un procedimiento relacionado con la presunta obtención ilegal de una pensión vitalicia tras la muerte de su esposo.

    De acuerdo con la fiscalía federal, la judicialización del caso fue realizada por la propia FGR, bajo la conducción del fiscal general Alejandro Gertz Manero, y no por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entonces encabezada por Ernestina Godoy, como se había señalado en versiones públicas recientes.

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    La institución precisó que el expediente fue integrado a partir de indagatorias federales que apuntan a posibles irregularidades en el acceso al beneficio económico, el cual habría sido otorgado de manera indebida luego del fallecimiento del esposo de Casar, quien se desempeñó como funcionario de Petróleos Mexicanos.

    En ese contexto, la FGR subrayó que el caso se encuentra formalmente en etapa judicial desde hace varios meses, lo que implica que fue presentado ante un juez competente, descartando así que se trate de una investigación reciente o reactivada con fines políticos.

    “La carpeta de investigación fue judicializada desde septiembre pasado por esta Fiscalía”, sostuvo la FGR al fijar su postura sobre el origen y conducción del proceso penal.

    María Amparo Casar es una figura pública relevante en el debate nacional anticorrupción, al presidir una de las organizaciones civiles más influyentes en la materia, lo que ha colocado el caso en el centro de la discusión política y mediática.

    Hasta el momento, la FGR no ha informado sobre medidas cautelares, audiencias programadas ni resoluciones judiciales, limitándose a precisar el momento y la autoridad responsable de la judicialización del asunto.

    Con información de Reforma

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