La Gobernadora Maru Campos lideró una sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz, revisando estrategias de seguridad en Chihuahua.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el estado de Chihuahua, la Gobernadora Maru Campos encabezó la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz, un espacio que busca fortalecer la colaboración entre distintas instancias gubernamentales en el combate a la criminalidad.
Este tipo de reuniones se han vuelto esenciales, especialmente en una entidad que ha enfrentado retos significativos en términos de seguridad y gobernabilidad en la última década, donde la violencia ha sido un tema recurrente y un desafío para las autoridades.
Durante la sesión, el enfoque se centró en evaluar las estrategias y operativos que han sido implementados por las autoridades de los tres niveles de Gobierno. La Gobernadora Campos, al dar seguimiento a las acciones realizadas en la primera quincena de febrero, manifestó la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre la efectividad de los operativos y la prevención del delito.
Este enfoque resalta una de las críticas comunes hacia las políticas de seguridad, que muchas veces logran capturar la atención mediática pero carecen de un análisis profundo sobre su impacto real en la población.
El fiscal general del estado, César Jáuregui, aportó al encuentro un informe sobre los trabajos realizados en conjunto por diferentes cuerpos de seguridad. La sinergia entre las corporaciones municipales, estatales y federales es un aspecto clave en la lucha contra la criminalidad, especialmente en una región como Chihuahua, donde las dinámicas del crimen organizado han mostrado una evolución preocupante.
La colaboración interinstitucional puede ser vista como un intento de amalgamar recursos y experticia, pero también plantea preguntas sobre la coordinación efectiva y la rendición de cuentas en cada uno de estos niveles de intervención.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, presentó un desglose de los arrestos alcanzados en el mismo periodo. Este tipo de datos es crucial para medir el avance de las estrategias implementadas, no solo en términos de número de capturas, sino también en cómo estas acciones logran afectar la incidencia delictiva y la percepción de seguridad de los ciudadanos.
Es importante recordar que en contextos como el de Chihuahua, donde el crimen puede ser altamente organizado y complejo, la mera cantidad de arrestos no necesariamente se traduce en una disminución real de la violencia.
La presencia de figuras relevantes como el comisario Alejandro Rivas de la Guardia Nacional y los generales Rubén Zamudio y Alejandro Gutiérrez, de las zonas militares, es indicativa de la prioridad que se le está otorgando a la coordinación entre seguridad pública y fuerzas armadas.
Esto, en el marco de una política nacional que ha buscado militarizar ciertas áreas de la seguridad pública, pone de manifiesto los debates acerca del equilibrio entre estas acciones y el respeto a los derechos humanos, un asunto sensible en el estado de Chihuahua, donde la violencia ha dejado huellas profundas en la sociedad civil.
Finalmente, la participación de otros funcionarios como el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el subdelegado de Programas de Desarrollo Social de la Secretaría del Bienestar sugiere que las estrategias de seguridad también están entrelazadas con un enfoque más amplio de desarrollo social.
Este aspecto es vital, ya que muchas de las causas subyacentes de la violencia en la región pueden estar vinculadas a la falta de oportunidades económicas y educativas. En este sentido, es necesario seguir de cerca cómo se desarrollan estas iniciativas y cómo se configuran el diálogo y la cooperación entre seguridad y desarrollo social en el estado.
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