Documentos presuntamente desclasificados exponen transacciones millonarias vinculadas a personas cercanas al alcalde de Chihuahua capital.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Una presunta investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), recientemente desclasificada, revela presuntos vínculos financieros entre el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla Mendoza, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a través de operaciones en cuentas internacionales a nombre de personas cercanas a su círculo familiar.
La información, contenida en presuntas comunicaciones confidenciales y reportes bancarios obtenidos por la DEA y compartidos con Departamento de Seguridad Nacional (DHS), describe la existencia de cuentas en instituciones europeas, particularmente en el banco ABN AMRO de Ámsterdam, vinculadas a Vanessa Ochoa Mendoza, media hermana del edil, con movimientos millonarios en depósitos en efectivo.
Los reportes detallan transferencias realizadas en 2021 por montos que superan los 5 millones de dólares, provenientes de depósitos fraccionados que, de acuerdo con el análisis de la agencia, podrían corresponder a operaciones de lavado de dinero relacionadas con el CJNG.
En la documentación, remitida a distintas dependencias de seguridad estadounidenses, se especifica que la investigación forma parte de una operación integral contra el tráfico internacional de drogas y el flujo de capital ilícito hacia Estados Unidos y otras regiones. Las indagatorias buscan determinar el alcance de estas operaciones y si existen bienes inmuebles o activos a nombre de los involucrados en territorio estadounidense.
La DEA ha señalado que las pesquisas continúan activas, con énfasis en el rastreo de transacciones financieras y posibles vínculos con operadores del CJNG que han sido previamente identificados en investigaciones federales. Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de procesos judiciales en contra del alcalde, pero el caso permanece bajo seguimiento.
Este hallazgo se suma a investigaciones previas que documentan la influencia del crimen organizado en estructuras políticas y policiales de distintos niveles en México, evidenciando la complejidad para combatir las redes financieras que sostienen la operación de los cárteles.
Las autoridades norteamericanas mantienen bajo reserva mayor información sobre las próximas acciones, mientras en México se espera la respuesta oficial de las instancias competentes respecto a los señalamientos expuestos en los documentos de la DEA.
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