El diputado recibió más de 4 mil 700 firmas para impulsar reformas a la Ley Estatal de Educación y al Código Penal.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado de morena Pedro Torres recibió más de 4 mil 700 firmas de respaldo a la iniciativa que impulsa para fortalecer la protección jurídica, la dignidad y la integridad de las y los trabajadores de la educación en Chihuahua.
La entrega se realizó este viernes en una rueda de prensa en el Congreso del Estado, donde el legislador estuvo acompañado por las maestras Dalila Flores Gutiérrez y Clara Cecilia Iturralde Ávila, quienes expusieron preocupaciones del sector docente ante denuncias infundadas, amenazas y actos de violencia institucional o digital.
La propuesta plantea reformas a la Ley Estatal de Educación y al Código Penal del Estado de Chihuahua, con el propósito de establecer mecanismos de protección para personal docente, directivo y administrativo, sin afectar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Torres señaló que la iniciativa busca atender una problemática que ha dejado en vulnerabilidad al magisterio cuando enfrenta procesos administrativos o penales derivados de acusaciones que posteriormente se demuestran falsas, pero que generan daños en la salud, estabilidad laboral, patrimonio y reputación de las personas afectadas.
“Lo que buscamos es terminar con la impunidad de quienes utilizan acusaciones sin fundamento para dañar la vida profesional y personal de maestras y maestros”.
El legislador indicó que integrantes de la Comisión de Educación del Congreso del Estado han mostrado interés en analizar la propuesta, al considerar que incorpora un componente de sanciones que no se encontraba previsto en planteamientos anteriores sobre protocolos de actuación.
La iniciativa también propone establecer como obligación de madres, padres de familia y tutores conducirse con respeto, decoro y civilidad hacia el personal educativo, además de abstenerse de actos de intimidación, difamación o violencia física y verbal.
“Defender a las y los trabajadores de la educación también significa defender la calidad de la educación pública”.
En materia penal, el planteamiento contempla incrementar en una tercera parte las penas cuando el delito de amenazas sea cometido contra personas docentes, al reconocer la vulnerabilidad que enfrenta el sector educativo en el desempeño de sus funciones.
Durante la rueda de prensa, la maestra Dalila Flores Gutiérrez entregó las firmas reunidas entre docentes de distintas regiones del estado y señaló que el respaldo refleja la preocupación del magisterio por la falta de mecanismos eficaces de protección.
Clara Cecilia Iturralde Ávila afirmó que, durante su trayectoria profesional, ha conocido casos de docentes víctimas de amenazas, agresiones y violencia física, por lo que consideró urgente fortalecer el marco legal para garantizar condiciones seguras en el ejercicio de la docencia.
Torres reiteró que la propuesta no busca limitar el derecho a denunciar ni encubrir conductas indebidas, sino garantizar que las acusaciones cuenten con sustento y evitar que las denuncias falsas sean utilizadas como mecanismo de persecución contra trabajadores de la educación.
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