La iniciativa plantea armonizar la ley estatal con el Código Penal Federal y fortalecer la protección de niñas y adolescentes.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada de morena Jael Argüelles Díaz presentó una iniciativa para tipificar en el Código Penal del Estado el delito de cohabitación forzada, así como un exhorto dirigido a diversas dependencias estatales para implementar acciones urgentes frente al matrimonio infantil, el embarazo adolescente y los casos de violación equiparada. La propuesta busca homologar la legislación chihuahuense con el Código Penal Federal, que desde 2023 reconoce esta práctica como delito.
La legisladora advirtió que las uniones tempranas, uniones de hecho y la cohabitación forzada continúan vulnerando los derechos de niñas y adolescentes en el estado, pese a que el matrimonio infantil está prohibido en todo el país. Señaló que estas uniones informales, muchas veces invisibles para las instituciones, impiden la detección oportuna de violencia sexual y reproductiva y generan relaciones altamente asimétricas.
Argüelles Díaz explicó que su iniciativa contempla sanciones de 8 a 15 años de prisión y hasta 2,500 días multa para quienes obliguen o gestionen que una menor conviva de manera informal como pareja con un adulto. Las penas aumentarían cuando la víctima pertenezca a una comunidad indígena o afromexicana, en reconocimiento a la vulnerabilidad social y jurídica que enfrentan estos grupos.
Durante la exposición de motivos, la diputada subrayó la gravedad de los datos estatales. Según el reporte de nacimientos 2024 de la Secretaría de Salud, 3,114 niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años dieron a luz en Chihuahua. En 1,873 casos el padre era mayor de edad, y en 1,228 de los partos las madres tenían menos de 14 años, lo que constituye presunta violación equiparada conforme al artículo 172 del Código Penal estatal. Estos números, señaló, evidencian una problemática estructural que continúa sin recibir respuestas integrales.
La legisladora insistió en que el embarazo temprano conlleva riesgos como eclampsia, infecciones, partos prematuros y afectaciones neonatales, y reiteró que la prevención debe involucrar a las instituciones educativas, de salud y de desarrollo social. Por ello, el exhorto aprobado por Oficialía propone que la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y Deporte y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas fortalezcan campañas de sensibilización sobre matrimonio y uniones tempranas, embarazo adolescente y violación equiparada.
Argüelles agregó que, aunque existen avances legislativos a nivel federal, Chihuahua aún enfrenta vacíos normativos que permiten la persistencia de prácticas consideradas violencia extrema contra niñas y adolescentes. Destacó que la ausencia de registro oficial en las uniones informales dificulta la intervención de autoridades y aumenta la exposición a violencia física y psicológica.
La diputada citó datos del Secretariado General de la ONU, que advierten que, al ritmo global actual, la erradicación del matrimonio infantil podría tardar 300 años. En este contexto, indicó que Chihuahua debe acelerar su respuesta legislativa y preventiva, reforzando la protección de niñas y adolescentes y ofreciendo herramientas legales para sancionar a quienes faciliten estas prácticas.
La iniciativa para incorporar la cohabitación forzada al Código Penal del Estado y el exhorto respectivo fueron turnados a comisiones para su análisis y dictamen legislativo.

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