El legislador de Movimiento Ciudadano propone eliminar artículos de la Ley General de Población que obligan a entregar información biométrica.
Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – El diputado y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Francisco Sánchez Villegas, presentó una iniciativa para derogar disposiciones de la Ley General de Población que obligan a los ciudadanos a tramitar una CURP biométrica.
La propuesta plantea eliminar los artículos que establecen la entrega obligatoria de datos biométricos, como parte de los requisitos para acceder a trámites gubernamentales.
“Entregarle al gobierno la potestad de nuestra identidad es darle una carta blanca para ser extorsionados en cualquier momento, censurados en cualquier momento”.
El legislador argumentó que el Estado no debe contar con mecanismos que permitan identificar, geolocalizar o vigilar permanentemente a los ciudadanos, al considerar que estas medidas representan un riesgo para las libertades individuales.
Sánchez Villegas señaló que la reforma tiene como objetivo evitar la recopilación obligatoria de información biométrica por parte del gobierno, al considerar que esta práctica puede vulnerar derechos relacionados con la privacidad y la protección de datos personales.
El diputado también advirtió que la centralización de información sensible en bases de datos gubernamentales puede representar riesgos de seguridad, especialmente ante posibles filtraciones o ataques informáticos.
En ese contexto, afirmó que diversas instituciones públicas han sido objeto de hackeos o vulneraciones en sus sistemas, entre ellas el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional Electoral (INE) y otras dependencias federales y estatales.
De acuerdo con el legislador, la reforma busca eliminar el requisito de entregar datos biométricos para realizar trámites ante el gobierno, con el propósito de evitar que esta información se convierta en un mecanismo de control o vigilancia sobre la ciudadanía.
La iniciativa fue presentada para su análisis en el Congreso, donde legisladores deberán revisar los alcances legales de la propuesta y su posible impacto en la normativa relacionada con identidad y registro poblacional.
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