Gobierno Federal se niega a revelar información solicitada acerca del manejo de 114 mil mdp destinados al INSABI, según diputado PAN. Legislador menciona violación a Ley de Transparencia. IMSS-Bienestar debe contestar sobre el fideicomiso.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Luego de que se anunciara la creación del IMSS-Bienestar, programa de salud pública federal que sustituirá al INSABI, el diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Luis Aguilar, señaló que, durante estos últimos meses, Gobierno Federal se ha negado a entregar información sobre el manejo de los recursos públicos destinados a esta institución.
El legislador mencionó que el pretexto que se ha utilizado para no brindar el acceso a esta información es que el INSABI dejó de existir a partir del 1 de junio de este año, por lo que solo se encargan de resolver pendientes jurídicos y carecen de facultades para atender este llamado, mismo que, como mencionan en sus respuestas, deberá encargarse de contestar el IMSS-BIenestar.
Sin embargo, declaró que esto es una violación a la Ley General de Transparencia, ya que el INSABI aún está registrado como sujeto obligado en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que obliga a que la información que se le solicite se entregue en tiempo y forma.
Aguilar hizo énfasis en que existen más cosas de fondo, que el solo hecho de no querer hacer entrega de la información que solicita la ciudadanía.
En el 2018, año en el que inició esta Administración Federal, el Seguro Popular contaba con el Fideicomiso del Sistema de Protección Social de Salud (FSPSS), de 114 mil millones de pesos.
Dicho fideicomiso, tenía como objetivo el atender las 66 intervenciones o enfermedades de alto costo o que provocan gastos catastróficos; así como el financiamiento a infraestructura en entidades federativas con mayor marginación social, y cubrir imprevistos en la demanda de servicios de salud a nivel nacional. Por lo que el Gobierno Federal, deberá responder en qué se usó este fideicomiso, ya que estos recursos fueron transferidos al INSABI, y es obligación de las autoridades transparentar el gasto de los mismos y con ello asegurarnos de que fueron utilizados, para proteger y atender la salud de las familias mexicanas.
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