El priista acusa impunidad y amiguismo tras la incorporación del ex titular del INM a un cargo federal.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua, Arturo Medina, calificó como aberrante el nombramiento de Francisco Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al considerar que se trata de un acto de protección política desde el gobierno federal.
Medina sostuvo que Garduño, ex titular del Instituto Nacional de Migración, mantiene un estatus de impunidad pese a su responsabilidad como máxima autoridad del organismo durante el incendio ocurrido en marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas migrantes bajo custodia del Estado.
“Una aberración: protección de la 4T a Garduño”, expresó el legislador al referirse a la decisión del Ejecutivo federal.
El diputado señaló que la incorporación de Garduño a un nuevo cargo de alto nivel evidencia una práctica de amiguismo y encubrimiento, en detrimento de la rendición de cuentas y de la exigencia de justicia por parte de las víctimas y de la comunidad internacional.
“El régimen decidió solapar, encubrir y darle poder a políticos negligentes e insensibles, en lugar de dar justicia a las víctimas y a la comunidad internacional que se vio lastimada por las omisiones criminales de Garduño”, afirmó.
Medina también advirtió que este tipo de decisiones impactan directamente en la legitimidad del gobierno federal, al enviar un mensaje de tolerancia frente a hechos que marcaron uno de los episodios más graves en materia de derechos humanos en la frontera norte del país.
En ese contexto, el coordinador parlamentario lamentó que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrente presiones internas que, a su juicio, debilitan su margen de maniobra dentro de la administración pública federal, particularmente por la influencia de grupos ligados al obradorismo.
Finalmente, señaló que permitir este tipo de nombramientos contribuye al desgaste de la imagen presidencial, al asociar al nuevo gobierno con decisiones que, desde su perspectiva, profundizan la percepción de impunidad en casos de alto impacto social.
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