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    abril 13, 2024 | 3:56

    Son Peniche y Emilio García los beneficiados con la Ley de Protección a ex Funcionarios

    Publicado el

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    La Diputada Marisela Sáenz, considera que la iniciativa de ley va en perjuicio de los chihuahuenses, ya los gastos correrían a cargo del erario público, hasta por 5 años.

     

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    Ciudad Juárez, Chih . (ADN/ Arturo Hernández) – Para la Diputada Local, Marisela Sáenz, la ley que pretende establecer Gobierno del Estado para que se le brinde seguridad a ex funcionarios, entre ellos al Gobernador, al Secretario de Gobierno, lo mismo que al Fiscal del Estado y al titular de la Secretaria de Seguridad Publica Estatal, es un traje hecho a la medida para César Augusto Peniche y para Emilio García.

    La diputada local indicó que en uno de los artículos de la propuesta de ley que se envió al Congreso del Estado, permitiría que los funcionarios que son procedentes de otros lugares de la república, al regresar a sus lugares de origen, se podrán llevar un numero indeterminado de agentes de la Fiscalía para su seguridad personal, lo que pudiera ocurrir con el Fiscal, Cesar Augusto Peniche, nativo de la Ciudad de México, y con Emilio García, Secretario de Seguridad Publica Estatal, cuyos orígenes están en el Estado de México.

    La legisladora agregó que los beneficios para los mencionados consideran que además, si alguno de ellos es llamado para ocupar algún puesto relacionado con la seguridad en cualquier punto de la república, al terminar su gestión estarán en su derecho de reclamar al estado de Chihuahua el resguardo que por ley les correspondería por el tiempo previamente establecido.

    «En consideración de que César Peniche y Emilio García serán los mayormente beneficiados de aprobarse esta ley,  me lleva a pensar que ambos personajes son los autores intelectuales de la iniciativa, y que para darle mayor fuerza, involucraron a Javier Corral y al Secretario de Gobierno, Mesta Soulé», indicó.

    Aclaró que desde su óptica, la propuesta del Gobierno del Estado va en perjuicio de la población de Chihuahua, ya que la seguridad para los funcionarios en mención, una vez que terminen su respectiva gestión, será a costa del erario público, es decir que «Seremos los chihuahuenses quienes pagaremos por la seguridad de quienes lleguen a ocupar los cargos ya mencionados».

    Dijo que la iniciativa será revisada en una mesa de análisis  integrada por expertos, lo que servirá a los miembros de la Comisión de Seguridad del Congreso para rechazarla, o aprobarla, y que en caso de que fuera esto último, entonces se llevará al pleno, en donde se necesitarán 21 votos de los 33 legisladores para que se convierta en una ley.

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