Cada gobierno afirma defender la libertad de expresión. El problema aparece cuando, al mismo tiempo, busca decidir qué información es correcta, qué opinión merece difundirse y quién tiene autoridad para decir la verdad. Ahí deja de hablarse de derechos de las audiencias y comienza a discutirse algo mucho más delicado: el alcance del poder del Estado sobre la información.
El Gobierno Federal ha presentado esta reforma como un mecanismo para proteger a las audiencias y combatir la desinformación. En el discurso suena razonable. Nadie está a favor de las noticias falsas ni de la manipulación. Sin embargo, cuando se observa el contexto político resulta inevitable preguntarse si el verdadero propósito es proteger a los ciudadanos o proteger al gobierno de las críticas cada vez más incómodas.
No es casualidad que esta discusión llegue en un momento de creciente escrutinio público sobre temas de seguridad, salud, economía y corrupción. Tampoco es casual que, desde hace años, la narrativa oficial haya convertido a buena parte de la prensa crítica en un supuesto enemigo del pueblo. Primero fueron los señalamientos desde la tribuna presidencial; ahora aparece la posibilidad de ampliar la regulación sobre los contenidos. La secuencia merece, cuando menos, desconfianza.
La libertad de expresión no existe para proteger a los periodistas. Existe para proteger el derecho de los ciudadanos a escuchar distintas versiones de la realidad, incluso aquellas que incomodan al poder. Cuando un gobierno pretende asumir el papel de árbitro entre lo verdadero y lo falso, la frontera entre regulación y censura comienza a desdibujarse. Ninguna administración debería concentrar semejante facultad.
Por supuesto que existen medios irresponsables, información manipulada y campañas de desinformación. Eso debe combatirse. Pero la respuesta nunca puede ser que el propio gobierno determine qué contenido cumple con el estándar oficial de veracidad. La historia demuestra que los controles sobre la prensa rara vez comienzan prohibiendo periódicos; suelen iniciar con reglas aparentemente razonables que terminan incentivando la autocensura.
John Stuart Mill advertía que silenciar una opinión significa privar a la sociedad de la posibilidad de encontrar la verdad. Esa reflexión conserva toda su vigencia. Una democracia fuerte no necesita periodistas obedientes; necesita periodistas libres. Tampoco necesita ciudadanos que repitan una versión oficial, sino personas capaces de contrastar información y formar su propio criterio.
Por eso esta discusión rebasa el ámbito de las telecomunicaciones. Lo que está en juego es el modelo de país que queremos construir. Un gobierno verdaderamente democrático acepta la crítica, responde con argumentos y rinde cuentas.
Los derechos de las audiencias deben fortalecerse, sí, pero nunca a costa de debilitar el derecho de la sociedad a vigilar a sus gobernantes.
Georgina Bujanda
Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial.
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