Productores y autoridades se enfrentan por uso del agua y presuntas redes de corrupción.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La tensión generada por la reforma a la Ley de Agua, que derivó en bloqueos carreteros y la toma de puentes internacionales en la frontera norte, volvió a colocar en el centro del debate la presencia de alrededor de 15 mil pozos perforados de manera ilegal en Chihuahua.
Estas extracciones, que forman parte de un universo de 45 mil pozos en la entidad, han sido señaladas como uno de los factores que agravan el deterioro de los mantos acuíferos y la sequía que impacta a la agricultura y ganadería del estado.
De acuerdo con organizaciones campesinas, estos pozos clandestinos se concentran principalmente en municipios del noroeste como Cuauhtémoc, Riva Palacio, Namiquipa, Buenaventura, Ahumada, Ascensión, Galeana y Nuevo Casas Grandes, zonas donde la explotación intensiva de agua subterránea presiona fuertemente a la cuenca del Río del Carmen.
La extracción irregular del recurso ha provocado, desde hace más de una década, disputas abiertas entre grupos agrícolas y productores de gran escala.
Las tensiones alcanzaron su punto más crítico entre 2012 y 2015, cuando integrantes de El Barzón denunciaron presuntos beneficios irregulares a nogaleros y la entrega de concesiones durante la gestión de Alejandro LeBarón González como delegado estatal de Conagua y de su esposa, Brenda Ríos Prieto, como delegada de Semarnat.
De acuerdo con testimonios de líderes campesinos, durante ese periodo se habrían autorizado perforaciones a cambio de sobornos y con apoyo de resoluciones judiciales favorables, en un esquema que generó conflictos locales que incluso derivaron en hechos de violencia.
Uno de los episodios más graves fue el asesinato en octubre de 2012 del barzonista Ismael Solorio Urrutia y de su esposa, Manuela Martha Solís Contreras, quienes habían denunciado la sobreexplotación del Río del Carmen y la instalación de pozos ilegales en la región noroeste.
El caso permanece impune y continúa como referencia obligada en el análisis del conflicto por el agua en Chihuahua.
Organizaciones hídricas y agrícolas señalan que el problema escaló ante la falta de regulación y vigilancia, lo que permitió que los títulos de concesión se comercializaran de manera irregular, incluso mediante plataformas digitales.
Algunos productores, según dichas agrupaciones, fragmentan permisos para transferirlos parcialmente a terceros, lo que mantiene en niveles críticos la disponibilidad del recurso.
En días recientes, el senador morenista Juan Carlos Loera retomó el tema al acusar a Alejandro LeBarón de ser parte de un presunto “cártel del agua” que habría operado durante la administración de César Duarte.
El legislador afirmó que en aquel periodo se otorgaron “miles” de concesiones que provocaron una sobreexplotación generalizada de los acuíferos, y señaló presuntos conflictos de interés derivados de la relación entre LeBarón y Brenda Ríos, hoy diputada local por Morena. También denunció cambios de uso de suelo y deforestación en zonas consideradas forestales para habilitarlas como áreas agrícolas.
La discusión se politizó aún más cuando la diputada federal panista Rocío González responsabilizó al propio Loera de impulsar la reforma que generó la movilización de productores agrícolas en la frontera.
Tras cuatro días de bloqueos y negociaciones, los inconformes y las autoridades federales acordaron modificar varios incisos del documento original, aunque el trasfondo del conflicto —la explotación irregular del agua en regiones rurales— continúa sin resolverse plenamente.
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