La iniciativa será llevada al Pleno este jueves; agricultores advierten con más bloqueos si se aprueba.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – En medio de una creciente tensión social y política, las comisiones de la Cámara de Diputados discuten este miércoles el dictamen de la iniciativa de Reforma a la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales.
De aprobarse en comisiones, el documento será turnado este jueves al Pleno para su votación, lo que ha encendido las alarmas entre organizaciones de productores agrícolas, principalmente en estados del norte como Chihuahua, donde ya se registran protestas y advertencias de bloqueos en puentes internacionales y carreteras.
La iniciativa, promovida por el Ejecutivo federal, busca establecer nuevas reglas para la gestión del agua en México, priorizando el derecho humano al recurso hídrico sobre su uso agrícola o industrial. Entre sus puntos más controvertidos se encuentra la prohibición de transferir concesiones de agua entre particulares, así como la centralización de funciones en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo cual ha sido rechazado por productores y partidos de oposición.
Actualmente, el análisis del dictamen recae en las comisiones de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento; Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria; así como Medio Ambiente y Recursos Naturales, que evalúan aspectos ambientales, técnicos y sociales de la iniciativa. Según legisladores de Morena, el documento ha sido objeto de al menos 50 modificaciones tras un proceso de diálogo con distintos sectores, incluyendo académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.
Los cambios buscan responder a demandas sobre sostenibilidad, transparencia y combate a prácticas ilegales como el “huachicoleo” de agua, para lo cual se contemplan penas más severas. También se prohíbe expresamente la privatización del recurso y se establece un nuevo marco para el otorgamiento, revisión y revocación de concesiones.
No obstante, los sectores productivos del campo acusan que la propuesta vulnera sus derechos adquiridos y no ofrece certidumbre jurídica sobre el uso del agua para actividades agrícolas, especialmente en regiones áridas como el norte del país, donde el líquido es vital para la producción de alimentos. En Chihuahua, productores han mantenido una postura crítica y advierten con intensificar las protestas si la reforma es aprobada sin garantizar sus derechos.
En Ciudad Juárez, las manifestaciones se han concentrado en los accesos fronterizos, como los puentes internacionales y los carriles de transporte comercial. Las organizaciones agrícolas han declarado estar en “alerta máxima” y no descartan nuevas acciones coordinadas a nivel nacional, que podrían incluir bloqueos carreteros, paros técnicos y movilizaciones frente a oficinas gubernamentales.
La oposición política, integrada por PAN y PRI, ha manifestado su rechazo a la reforma, argumentando que se trata de una medida “insuficiente” y “centralizadora” que no resuelve de fondo la problemática del agua en México. En contraste, Morena, el PT y el Partido Verde han cerrado filas en favor del proyecto, señalando que se trata de una respuesta necesaria para garantizar el acceso equitativo y sustentable al recurso.
De aprobarse este jueves en el Pleno, la reforma marcaría un cambio significativo en la legislación hídrica del país, en medio de un contexto de creciente estrés hídrico y conflictos por el agua. Sin embargo, también podría desatar una nueva ola de protestas, especialmente en zonas rurales del norte, con posibles afectaciones a la movilidad y la economía regional.
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