“La corrupción también se mide en llantas ponchadas”
En Ciudad Juárez existe un indicador que ningún gobierno presume en sus informes, pero que todos los ciudadanos conocen de memoria; el bache.
No aparece en los discursos políticos como un fracaso institucional; se presenta como una consecuencia inevitable de las lluvias, del clima extremo o del intenso tránsito.
Sin embargo, esa explicación resulta insuficiente cuando la misma calle es reparada una y otra vez, año tras año.
El problema no es únicamente el bache. El problema es el modelo que lo produce.
Cuando una ciudad normaliza que las vialidades duren menos que un periodo electoral, deja de hablar de mantenimiento y comienza a hablar de un sistema que premia la reparación permanente por encima de la construcción duradera.
Los números son reveladores
El propio Gobierno Municipal informó que durante 2025 fueron reparados más de 27 mil baches, con una inversión cercana a 90 millones de pesos, mientras que desde 2021 se reportan más de 107 mil baches atendidos mediante programas permanentes de mantenimiento.
La pregunta incómoda no es cuántos baches se tapan.
La pregunta es por qué siguen apareciendo miles cada año.
Si una vivienda necesitara cambiar el techo cada seis meses, nadie concluiría que el problema es la lluvia. Todos entenderían que existe un defecto en la construcción o en los materiales utilizados.
Con las calles ocurre exactamente lo mismo.
En ingeniería civil existe un principio elemental; el mantenimiento rutinario es inevitable, pero la reconstrucción repetitiva de la misma infraestructura representa una señal de fallas en el diseño, la ejecución, la supervisión o la conservación preventiva.
Entonces surge la pregunta que pocos quieren formular:
¿Quién responde cuando una obra pública fracasa antes de alcanzar su vida útil?
Porque cada calle destruida tiene un responsable administrativo.
No es el ciudadano quien selecciona los materiales.
No es el automovilista quien aprueba las especificaciones técnicas.
No es el vecino quien firma las estimaciones de obra.
Cada contrato tiene empresas ejecutoras, supervisores, residentes de obra, laboratorios de calidad, funcionarios responsables y órganos
encargados de verificar el cumplimiento de las garantías.
Sin embargo, cuando el pavimento colapsa, pareciera que nadie tiene nombre ni apellido.
La responsabilidad desaparece exactamente al mismo ritmo que el asfalto.
Mientras tanto, el ciudadano paga dos veces.
La primera vez mediante impuestos destinados a construir la vialidad.
La segunda mediante la reparación de llantas, rines, suspensiones, amortiguadores, alineaciones o incluso accidentes derivados del
deterioro del pavimento.
La corrupción no siempre aparece en un sobre con dinero.
Muchas veces aparece disfrazada de una obra mal hecha que obliga a contratar otra obra meses después.
Porque cuando una calle vuelve a romperse demasiado pronto, alguien obtiene un nuevo contrato.
Y cada nuevo contrato significa nuevas compras de asfalto, nueva maquinaria, nuevas estimaciones, nuevas licitaciones o nuevas adjudicaciones.
Es decir, el deterioro puede convertirse en un incentivo económico para repetir el ciclo.
No se trata de afirmar que toda obra pública sea producto de corrupción. Sería irresponsable sostenerlo sin evidencia.
Pero sí resulta legítimo cuestionar si el sistema actual genera incentivos suficientes para privilegiar la calidad sobre la cantidad.
Porque si el éxito institucional se mide por el número de baches reparados y no por el tiempo que permanecen sin reaparecer, entonces el indicador está premiando el síntoma y no la solución.
La propia autoridad municipal reconoce que el programa de bacheo es permanente y que cada mes se intervienen miles de hoyos en más de cien colonias.
Eso significa que el problema dejó de ser extraordinario.
Se convirtió en parte del funcionamiento cotidiano del gobierno.
Y cuando un problema permanente consume recursos permanentes, también debe generar auditorías permanentes.
No basta con inaugurar pavimentaciones.
Hace falta publicar evaluaciones técnicas sobre su vida útil.
No basta con informar cuánto costó una calle.
Debe conocerse cuánto tiempo resistió antes de requerir otra inversión pública.
No basta con cortar listones.
Hay que cortar también la impunidad administrativa cuando una obra fracasa prematuramente.
La percepción ciudadana confirma que el deterioro vial dejó de ser un asunto menor.
Las encuestas del INEGI ubican sistemáticamente a los baches entre los principales problemas urbanos identificados por la población, reflejando el impacto cotidiano que tienen sobre la calidad de vida y la confianza en los gobiernos locales.
Cada llanta destruida representa dinero que una familia deja de gastar en educación, alimentación o salud.
Cada suspensión dañada significa horas perdidas en talleres.
Cada motociclista que cae en un hoyo enfrenta un riesgo que pudo evitarse.
Cada ambulancia que reduce velocidad para esquivar un cráter urbano pierde segundos que pueden significar una vida.
Por eso los baches no son únicamente un problema de infraestructura.
Son un problema económico.
Un problema de competitividad.
Un problema de confianza institucional.
Y, sobre todo, un problema de rendición de cuentas.
Porque mientras la obra pública continúe midiéndose por metros pavimentados y no por años de durabilidad, el negocio seguirá siendo perfecto.
Las constructoras seguirán construyendo.
Los gobiernos seguirán inaugurando.
Los ciudadanos seguirán pagando.
Y el bache seguirá esperando la siguiente campaña electoral para volver a desaparecer… temporalmente.
Guadalupe Parada Gasson
Economista, experta en comercio exterior, periodista y docente con amplia trayectoria en sectores público y privado. Ha dirigido medios impresos y digitales, liderado proyectos de comunicación y formación, y se ha desempeñado en ventas, publicidad y relaciones públicas. Destaca por su perfil multidisciplinario, visión estratégica y compromiso con la gestión social y educativa. Recientemente presidenta de Rotary Club Juárez Real (2023–2024).
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