Acción Nacional cuestiona las reglas de paridad del Instituto Estatal Electoral y solicita una resolución judicial antes de definir candidaturas y alianzas.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua presentó una impugnación contra un acuerdo del Instituto Estatal Electoral (IEE) que establece criterios sobre el género de las candidaturas de los partidos políticos, al considerar que el organismo excedió sus atribuciones reglamentarias y estableció disposiciones que podrían afectar la autonomía partidista durante el próximo proceso electoral.
La dirigencia estatal del PAN sostuvo que el recurso jurídico busca revisar la legalidad de las determinaciones adoptadas por el organismo electoral, particularmente aquellas relacionadas con la asignación de candidaturas por género y la aplicación de los bloques de competitividad, mecanismos utilizados para promover condiciones de participación equilibrada entre mujeres y hombres.
De acuerdo con el planteamiento del partido, el IEE habría incorporado disposiciones que van más allá de las medidas aprobadas por el Congreso del Estado, lo que, a su consideración, representa una posible invasión de facultades legislativas y genera incertidumbre respecto a las reglas que deberán observar las fuerzas políticas.
Acción Nacional argumentó que la facultad reglamentaria de las autoridades electorales debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes vigentes, por lo que cuestionó que un acuerdo administrativo pueda modificar, desplazar o dejar sin aplicación disposiciones previamente aprobadas por el Poder Legislativo.
El partido señaló que su inconformidad jurídica está dirigida a los alcances del acuerdo y no al principio de paridad de género, el cual aseguró respaldar como parte de su compromiso con la participación política de las mujeres y su acceso efectivo a los cargos de elección popular.
En ese sentido, el PAN manifestó que mantendrá su obligación de garantizar la participación de mujeres en las candidaturas, aunque consideró necesario que las reglas para cumplir con este principio sean claras, legales y respetuosas de las atribuciones que corresponden a las distintas autoridades.
Uno de los principales puntos de controversia se relaciona con los bloques de competitividad, instrumentos electorales que permiten evaluar las condiciones de competencia de los partidos en distintas demarcaciones y establecer medidas para evitar que las mujeres sean postuladas de manera desproporcionada en espacios donde existen menores posibilidades de triunfo.
La representación panista considera que las disposiciones impugnadas podrían tener efectos sobre la organización interna de los partidos, particularmente en los procedimientos para seleccionar candidaturas y establecer posibles coaliciones electorales.
El recurso también plantea la necesidad de resolver la controversia dentro de los plazos establecidos por el calendario electoral, debido a que las fuerzas políticas deben definir sus mecanismos de selección de aspirantes y las condiciones de sus eventuales alianzas antes de avanzar hacia las siguientes etapas del proceso.
Por esta razón, Acción Nacional solicitó a la autoridad jurisdiccional competente emitir una resolución oportuna que permita establecer cuáles disposiciones deberán aplicarse y bajo qué condiciones deberán organizarse las postulaciones partidistas.
La controversia coloca bajo revisión judicial los límites de la facultad reglamentaria del Instituto Estatal Electoral frente a las disposiciones aprobadas por el Congreso de Chihuahua, particularmente en una materia vinculada con el cumplimiento constitucional de la paridad de género.
El PAN reiteró que continuará promoviendo la participación política de las mujeres, al tiempo que defenderá su interpretación sobre las atribuciones de las autoridades electorales y la aplicación de las normas que regulan la selección de candidaturas.
La impugnación quedará sujeta al análisis de la instancia jurisdiccional correspondiente, que deberá determinar la legalidad de las disposiciones cuestionadas y sus posibles efectos sobre la organización del próximo proceso electoral en Chihuahua.
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