Denuncian cobros ilegales a paisanos por supuestos agentes con vehículos de la FGR.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado federal Ismael Pérez Pavía exigió este fin de semana a las autoridades federales intervenir de manera urgente ante las denuncias de extorsiones en la carretera Delicias–Chihuahua, específicamente a la altura del tramo conocido como Bachimba, donde presuntos agentes, a bordo de camionetas con logotipos de la Fiscalía General de la República (FGR), estarían cobrando hasta 200 dólares a paisanos que se trasladan por la zona.
De acuerdo con testimonios y reportes ciudadanos, estas unidades están deteniendo principalmente a vehículos con placas extranjeras, en particular estadounidenses, aprovechando el flujo de connacionales que regresan al país para pasar las fiestas decembrinas con sus familias. La modalidad consiste en detener a los conductores bajo el argumento de una revisión, para posteriormente exigirles dinero en efectivo a cambio de permitirles continuar su trayecto.
La situación ha persistido por al menos seis días consecutivos, generando preocupación entre los habitantes del centro-sur del estado y provocando que algunas víctimas hayan realizado llamadas al número de emergencias 911 para denunciar los hechos. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado de acciones concretas por parte de la Federación para frenar estos incidentes.
“Nuestra gente merece respeto y seguridad. No es justo que quienes vienen con sacrificio desde lejos sean tratados así”, declaró Pérez Pavía desde el municipio de Meoqui. Afirmó que no se quedará callado ante los abusos que sufren los paisanos, y que insistirá en que se atienda el problema a nivel federal, exigiendo operativos que garanticen el libre tránsito y la seguridad de quienes viajan por el estado.
El legislador, originario de la región centro de Chihuahua, advirtió que mantendrá la denuncia pública mientras las autoridades competentes no actúen de forma contundente. Asimismo, pidió a los ciudadanos estar atentos y reportar cualquier anomalía, haciendo un llamado también al gobierno estatal para que colabore en la vigilancia y protección de los tramos carreteros.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la República ni otras instancias federales han emitido una postura oficial respecto a estas denuncias. Mientras tanto, el reclamo crece entre la comunidad migrante y sus familias, quienes consideran inaceptable que en su regreso al país enfrenten actos de corrupción y amenazas, justo en una temporada que debería caracterizarse por el reencuentro y la seguridad.
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