La obstaculización del proceso penal en contra de la candidata del PAN constituye delitos electorales al evitar que los ciudadanos tengan conocimiento de delitos que se le persiguen
Chihuahua, Chih. – Ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales fueron denunciados el Presidente del Poder Judicial en Chihuahua Pablo Héctor González Villalobos, el Juez de Control Ramón Gerardo Holguín Licón y a la Presidenta municipal en funciones María Angélica Granados Trespalacios, por la omisión en el proceso penal en contra de María Eugenia Campos Galván, en el proceso penal conocido como “los marumoches”.
El diputado de Morena Gustavo De la Rosa Hickerson presentó la denuncia ante la FEPADE, al señalar que el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, Ramón Gerardo Holguín Licón ha diferido, con inadmisibles pretextos y aún sin ellos, la celebración de la audiencia en que debe resolver sobre la vinculación a proceso y continúa en la actual fecha, rebasando con creces las normas de temporalidad del proceso penal, truncando el adecuado desarrollo de la justicia por negación dolosa del servicio público a que está obligado, e incurriendo en comisión de delito en materia electoral por propiciar deliberadamente que el electorado del Estado de Chihuahua permanezca en la ignorancia del conflicto de interés que se imputa a la candidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura.
En este sentido, la omisión llega hasta el Presidente del Poder Judicial Pablo Héctor González Villalobos, debido a que ha sido omiso y en su calidad de Presidente y con las facultades que la ley le brinda, destrabar esta evidente obstaculización de la justicia, peor aún, el justificar su actuar con la falsedad de sostener que no cuenta con tales facultades, cuando en el proceso anterior del denominado “nómina secreta”, manifestó haber intercedido para fijar la fecha de la audiencia.
El Juez de Control continuó en su labor de obstaculizar la celebración de la audiencia de vinculación a proceso, aún con posterioridad a que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia fuera puesto en conocimiento de tal injustificable intromisión en las reglas de transparencia del proceso electoral y en perjuicio de la población del Estado de Chihuahua.
“Se han negado a fijar la audiencia inicial en la causa penal 3022/2020, para no exhibir antes de la votación el conflicto de interés que tiene la candidata del PAN, lo que evidentemente constituye un delito electoral, por la intromisión que viene teniendo el poder judicial en el proceso electoral al esconder la transparencia que debe tener el votante de sus candidatos, abonando al conflicto de intereses que tiene la candidata del PAN MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, la cual evidentemente como beneficiada de las maquinaciones del Poder Judicial, ha participado en un proceso de conspiración y maquinaciones, conjuntamente con sus abogados FRANCISCO MARTÍNEZ VALLES E IVÁN CORRAL.”
Esta denuncia en la FEPADE, llega hasta el Ayuntamiento de Chihuahua y la Alcaldesa en funciones María Angélica Granados Trespalacios, quien ha participado dilatando los informes que en su momento le solicitara el Juez de Distrito y le solicitara, el Juez de la causa.
Es por eso que esta denuncia llega a esta fiscalía de delitos electorales, porque al esconder judicialmente que dicha candidata como diputada y después como presidenta municipal recibió ilegalmente dinero público, abona en una imagen diferente, distorsionada e irreal a la que el pueblo de chihuahua debe conocer, situación que influye en la decisión del electorado, ya que el puesto que ahora pretende no es para que se apropie del dinero público, sino para dirigir la administración pública, decidiendo sobre el mismo para el bien común.
De manera que, al ocultar desde el Poder Judicial la tendencia de la candidata del PAN a apropiarse del dinero público, hay una clara intromisión de los denunciados en el proceso electoral 2021. Si a esto le agregamos que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Congreso del Estado han estado solicitando a los denunciados que fijen fecha para la audiencia inicial, haciendo caso omiso, lo que evidentemente tiene la intención de esconder a la ciudadanía la realidad de dicha candidata y claramente constituye un delito electoral por parte de los funcionarios denunciados del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
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