_Una ciudad puede tener un presupuesto histórico y, al mismo tiempo, mantener deudas históricas con sus habitantes. La discusión no es solamente cuánto dinero tiene el gobierno, sino dónde lo invierte, a quién beneficia y qué necesidades decide atender primero_
Ciudad Juárez dispuso durante 2026 de un presupuesto municipal aprobado de 10 mil 797 millones 701 mil pesos, una cifra que, dividida entre los 1 millón 512 mil 450 habitantes registrados por el INEGI en 2020, equivale aproximadamente a 7 mil 139 pesos anuales por ciudadano, es decir, 595 pesos mensuales.
Pero esa operación aritmética, aparentemente democrática, esconde una distorsión fundamental; el presupuesto total no representa dinero entregado ni inversión directa en cada habitante.
Incluye nómina, operación administrativa, seguridad, servicios y obras.
La pregunta verdaderamente incómoda no es cuánto le corresponde estadísticamente a cada juarense, sino cuánto recibe efectivamente su colonia en infraestructura y servicios.
Porque una ciudad no se vuelve equitativa dividiendo su presupuesto entre sus habitantes, sino distribuyendo sus recursos conforme a las necesidades de su territorio.
El propio Gobierno Municipal reconoció, al presentar su estrategia financiera para 2026, que aproximadamente el 40% del presupuesto se destinaría a inversión y el 60% a operación, proporción que, según la administración, representa un avance respecto del 28% destinado anteriormente a inversión.
Aplicada al presupuesto aprobado, esa estimación equivaldría a unos 4 mil 319 millones de pesos para inversión, pero debe subrayarse que se trata de una proporción anunciada por la autoridad, no de una comprobación del gasto ejercido.
Por su parte, Obras Públicas presentó una cartera presupuestal de 1,869 millones de pesos, que contempla 215 millones para pavimentación y rehabilitación de calles, 80 millones para bacheo, 25 millones para parques y otros 25 millones para rehabilitación de escuelas.
Son asignaciones importantes, aunque insuficientes por sí mismas para establecer quiénes resultarán beneficiados.
Una inversión puede ser financieramente significativa y socialmente limitada si se concentra en territorios que ya cuentan con servicios mientras otros continúan acumulando carencias.
El suroriente representa una prueba especialmente relevante para examinar esa distribución. Estimaciones difundidas durante 2026 sitúan su población en alrededor de 500 mil habitantes, aproximadamente un tercio de los juarenses, aunque esa delimitación territorial no equivale a un conteo censal independiente.
Su crecimiento demográfico ha generado necesidades simultáneas de escuelas, movilidad, seguridad y equipamiento urbano.
Más aún, un diagnóstico elaborado por la propia Coordinación de Resiliencia del Municipio, en colaboración con otras áreas, identificó un déficit de 412 aulas de secundaria en Juárez, utilizando datos educativos anteriores, y señaló al sur y suroriente como zonas de alta concentración de adolescentes y rezago educativo.
El dato es revelador porque demuestra que las necesidades no son únicamente percepciones vecinales; existen antecedentes técnicos elaborados por las mismas instituciones públicas que deberían orientar las prioridades de inversión.
La responsabilidad de construir y operar escuelas corresponde principalmente a las autoridades educativas estatales y federales, pero ello no elimina la necesidad de coordinación municipal en infraestructura complementaria, movilidad, seguridad y planeación territorial.
Aquí aparece una contradicción que merece atención económica; invertir cantidades iguales en territorios desiguales no necesariamente produce justicia distributiva.
Una colonia consolidada puede necesitar mantenimiento de parques, rehabilitación de vialidades y mejor alumbrado; una comunidad periférica puede requerir todo eso, además de pavimentación inicial, drenaje pluvial, espacios comunitarios y accesos seguros a las escuelas.
En ambas existe derecho a los servicios públicos, pero el costo de cerrar las brechas históricas es distinto.
Por eso, la inversión por habitante debe analizarse junto con indicadores de marginación, densidad poblacional, riesgos ambientales y déficit acumulado de equipamiento.
No se trata de abandonar las zonas consolidadas para favorecer otras, sino de evitar que la distribución presupuestal reproduzca indefinidamente las desigualdades urbanas que la política pública debería corregir.
El Presupuesto Participativo tampoco escapa a este examen.
Para 2026 se anunciaron 411 millones de pesos destinados a proyectos ciudadanos, equivalentes aproximadamente a 272 pesos por habitante si se distribuyeran de manera uniforme.
En agosto, Obras Públicas informó que, de los 100 proyectos del ejercicio 2025, 67 se encontraban terminados dentro de su ámbito de responsabilidad y 11 permanecían en proceso; el resto correspondía a otras modalidades, principalmente proyectos sociales.
Estos avances permiten evaluar ejecución, pero no contestan la pregunta territorial de fondo: ¿cuántos recursos terminan en las colonias de mayor rezago y cuántos en comunidades con mayor capacidad de organización y participación?
La votación ciudadana es un mecanismo legítimo, pero sus resultados deben acompañarse de criterios técnicos que impidan que la desigualdad en capacidad de movilización se convierta también en desigualdad presupuestal.
Existe, además, un costo económico que rara vez aparece en los discursos sobre obra pública; el costo de no invertir oportunamente. Una calle sin pavimentar incrementa los gastos de transporte y mantenimiento vehicular; la ausencia de infraestructura pluvial multiplica daños patrimoniales; una comunidad distante de servicios públicos obliga a las familias a destinar más tiempo y dinero para resolver necesidades básicas.
Estos costos no siempre aparecen como deuda en la contabilidad municipal, pero terminan trasladándose al presupuesto familiar.
Para una ciudad cuya competitividad depende de la movilidad laboral, de la disponibilidad de trabajadores y de la estabilidad de sus comunidades, el rezago territorial no es exclusivamente un problema social; también afecta la productividad.
Postergar infraestructura básica puede significar mayores costos futuros, deterioro del entorno urbano y una menor capacidad para aprovechar el crecimiento económico.
La administración municipal tiene argumentos que merecen incorporarse al análisis, el incremento de la proporción destinada a inversión, la continuidad de la pavimentación, las obras pluviales y los recursos participativos representan esfuerzos presupuestales verificables en su programación.
Sin embargo, ninguna de esas cifras demuestra por sí sola que la distribución sea proporcional a las necesidades de cada sector.
Para determinarlo se necesita una cuenta territorial pública: presupuesto aprobado, modificado y ejercido por colonia o polígono; población beneficiada; costo de las obras; indicadores de rezago anteriores y posteriores a la intervención.
También debe distinguirse entre gasto municipal directo, inversión estatal y federal, y servicios cuyo beneficio alcanza a toda la ciudad.
Sin esos elementos, sostener que determinados sectores reciben menos de lo que necesitan puede ser una hipótesis fundada en sus carencias, pero todavía no una conclusión contable demostrada.
El debate presupuestal de Ciudad Juárez necesita, por tanto, superar la competencia de cifras millonarias y avanzar hacia una auténtica evaluación del impacto territorial.
El Instituto Municipal de Investigación y Planeación cuenta con una Radiografía Socioeconómica 2025: Así comenzó 2026, publicada este año, que integra indicadores demográficos, de infraestructura, movilidad y finanzas públicas.
Esa información ofrece una base para construir un índice de inversión municipal por habitante ajustado por rezago y necesidad.
Lo que falta demostrar es cómo se relacionan los diagnósticos con la asignación efectiva de los recursos.
En el presupuesto, todos los ciudadanos pueden valer lo mismo cuando se realiza una división matemática.
En la realidad urbana, lo determinante es cuánto invierte el gobierno para garantizarles condiciones equivalentes de vida.
Mientras no exista una medición pública, verificable y desagregada del gasto territorial, Ciudad Juárez podrá conocer cuánto cuesta administrar el municipio, pero no cuánto de esa riqueza pública llega a resolver las necesidades de sus habitantes.
Y esa es la pregunta que debería acompañar cada aprobación presupuestal: ¿estamos financiando el desarrollo de toda la ciudad o simplemente administrando, año tras año, las diferencias entre quienes ya tienen infraestructura y quienes todavía esperan por ella?
Guadalupe Parada Gasson
Economista, experta en comercio exterior, periodista y docente con amplia trayectoria en sectores público y privado. Ha dirigido medios impresos y digitales, liderado proyectos de comunicación y formación, y se ha desempeñado en ventas, publicidad y relaciones públicas. Destaca por su perfil multidisciplinario, visión estratégica y compromiso con la gestión social y educativa. Recientemente presidenta de Rotary Club Juárez Real (2023–2024).
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