Los gobiernos suelen enfrentar mayores dificultades durante los últimos años de su mandato. El desgaste natural del ejercicio del poder, las promesas incumplidas y el costo de las decisiones políticas comienzan a pasar factura. Sin embargo, en el caso de Morena, los problemas parecen acumularse mucho antes de llegar a esa etapa. A Claudia Sheinbaum y a su gobierno se les comienza a complicar el panorama en distintos frentes, precisamente cuando el país se encamina a una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos: la de 2027.
No se trata de una elección cualquiera. El próximo 6 de junio estarán en disputa más de 20 mil cargos de elección popular, entre ellos las 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas, además de miles de puestos locales. Será una elección que pondrá a prueba la capacidad de Morena para mantener su hegemonía política, pero, sobre todo, será una oportunidad para que los mexicanos evalúen el rumbo que ha tomado el país.
Y los motivos para cuestionar al gobierno no son pocos.
El primero, y quizá el más doloroso para miles de familias, es la inseguridad. Sinaloa se ha convertido en uno de los ejemplos más preocupantes de la incapacidad del Estado para recuperar el control del territorio. La violencia, las disputas entre grupos del crimen organizado y la incertidumbre cotidiana han puesto en evidencia la gravedad de una crisis que no puede seguir tratándose como un asunto aislado. El caso del gobernador Rubén Rocha Moya y el deterioro de la seguridad en esa entidad representan un enorme desafío para el gobierno federal. A esto se suman las desapariciones, los enfrentamientos y el miedo con el que viven comunidades enteras. ¿Cómo puede hablarse de transformación cuando hay ciudadanos que no tienen garantizada su tranquilidad ni su propia seguridad?
El segundo frente está en el sistema de salud. Las protestas de médicos, enfermeras y trabajadores del IMSS han vuelto a colocar sobre la mesa una realidad que millones de mexicanos conocen: falta de medicamentos, escasez de material e insumos, déficit de personal y condiciones laborales que dificultan brindar una atención digna. No estamos hablando solamente de demandas salariales. Estamos hablando de hospitales que necesitan funcionar, de profesionales que requieren herramientas para hacer su trabajo y de pacientes que no pueden esperar. Cuando el propio personal de salud sale a las calles para exigir lo indispensable, queda claro que algo está fallando profundamente.
A ello se suma la crisis que sacude al Instituto Nacional Electoral. Las denuncias por presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei, su posterior renuncia y las investigaciones relacionadas con contratos y proveedores han generado una enorme preocupación. El INE no es una institución cualquiera: es el árbitro de nuestra democracia. Su credibilidad, autonomía y capacidad para organizar elecciones confiables son fundamentales, especialmente cuando estamos a las puertas de un proceso electoral de la magnitud del próximo año. No podemos permitir que las sospechas y los intereses políticos debiliten a una institución que debe garantizar que cada voto cuente y que la voluntad ciudadana sea respetada.
Y como si estos problemas no fueran suficientes, el Poder Judicial también enfrenta un nuevo conflicto. Las evaluaciones de desempeño impulsadas para el personal de carrera judicial provocaron protestas y un paro nacional de trabajadores que expresaron su preocupación por la estabilidad de sus empleos, sus derechos laborales y el futuro del servicio profesional de carrera. Más allá de las explicaciones oficiales, el problema de fondo es la incertidumbre que generan los cambios institucionales cuando no existe suficiente confianza en las reglas, en los procedimientos ni en quienes los aplican. Que una institución encargada de impartir justicia se encuentre envuelta en conflictos de esta naturaleza debería preocuparnos a todos.
Son demasiados frentes abiertos para un gobierno que todavía tiene mucho camino por recorrer.
El problema también está en la forma de gobernar. Mientras se acumulan las necesidades de los mexicanos, el discurso oficial sigue privilegiando la narrativa política y la defensa del proyecto por encima de los resultados. El gasto público, los programas sociales y los anuncios de grandes proyectos no pueden convertirse en una cortina de humo para ocultar las deficiencias de las instituciones. Gobernar no significa repartir recursos y esperar agradecimiento electoral; significa garantizar seguridad, salud, educación, justicia y oportunidades.
La realidad es que los apoyos sociales, por importantes que sean para millones de familias, no son pañuelos que tapan los ojos frente a lo que sucede en el país. No son medicinas que curan, no son libros que enseñan, no son herramientas que garantizan justicia y tampoco son sustitutos de un buen gobierno. Los mexicanos necesitan mucho más que transferencias económicas: necesitan instituciones que funcionen, autoridades que respondan y un gobierno que asuma sus responsabilidades.
El panorama rumbo a 2027 representa, sin duda, un desafío para Morena. Pero también representa una enorme responsabilidad para la oposición. No basta con señalar los errores del oficialismo ni con esperar que el desgaste del gobierno se traduzca automáticamente en votos. Se necesitan propuestas, buenos candidatos, cercanía con la ciudadanía y, sobre todo, una visión clara de país que permita demostrar que existe una alternativa.
El próximo año, el discernimiento y la participación ciudadana serán fundamentales. México necesita ciudadanos informados, críticos y dispuestos a involucrarse en las decisiones públicas. La democracia no se defiende solamente en las urnas, pero es precisamente ahí donde tenemos la oportunidad de hacer valer nuestra voz.
A Morena se le está calentando el país. Y si algo debe quedar claro es que el poder no es un cheque en blanco ni los votos una autorización para gobernar sin rendir cuentas. El 2027 será el momento de demostrar que los mexicanos no están dispuestos a conformarse con discursos, que quieren resultados y que, cuando un gobierno falla, la ciudadanía tiene el poder de cambiar el rumbo.
Marisela Terrazas
Ex Diputada por el PAN en Chihuahua. Doctorante en Ciencias de la Educación por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Maestra en Educación por UTEP, ex directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud y experta en políticas públicas juveniles.
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