La diputada de Morena y organizaciones civiles solicitan firmar el convenio con la Federación y destinar recursos en el presupuesto estatal de 2027.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Elizabeth Guzmán Argueta, junto con representantes de organizaciones de personas con discapacidad, exigió a la gobernadora María Eugenia Campos Galván firmar el convenio de coordinación con el Gobierno Federal para universalizar la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente en Chihuahua, mediante la asignación de recursos estatales que permitan ampliar su cobertura.
Durante una atención a medios realizada este martes 10 de noviembre, la legisladora estuvo acompañada por Laura Fuentes, presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad en Chihuahua, A.C., así como por integrantes de colectivos que han solicitado la ampliación de este apoyo económico en la entidad.
Guzmán Argueta señaló que el Gobierno del Estado mantiene pendiente desde hace cinco años la firma del convenio, pese a que, según recordó, la gobernadora Maru Campos asumió públicamente ese compromiso durante un evento realizado en Ciudad Juárez en 2021.
La diputada sostuvo que la universalización de la pensión constituye una obligación vinculada con los derechos reconocidos en la Constitución y cuestionó la falta de avances para incorporar los recursos necesarios en el presupuesto estatal.
“La gente ya hizo su parte. Ha venido al Congreso, se ha manifestado y ha exigido por todas las vías posibles. Quien no ha cumplido es el Gobierno del Estado”, señaló.
Chihuahua se encuentra entre las ocho entidades federativas que todavía no cuentan con un convenio de universalidad para esta pensión, mecanismo mediante el cual los gobiernos estatales aportan recursos para ampliar la cobertura del programa federal.
Durante 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente contempla un apoyo económico de 3 mil 300 pesos bimestrales. En Chihuahua, la cobertura general comprende a personas de entre 0 y 29 años, mientras que quienes tienen de 30 a 64 años pueden acceder al beneficio cuando residen en municipios o localidades indígenas, afromexicanas o con altos niveles de marginación.
En las entidades que han suscrito convenios de universalidad con la Federación, la cobertura se amplía a las personas con discapacidad permanente de hasta 64 años, independientemente de su lugar de residencia dentro del estado.
La legisladora recordó que el pasado 27 de octubre el Congreso de Chihuahua aprobó un exhorto dirigido a la gobernadora para solicitar la firma del convenio y la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos 2027, con el propósito de incorporar a personas que actualmente se encuentran fuera de la cobertura general del programa.
De acuerdo con los planteamientos presentados en el Congreso, más de 56 mil personas con discapacidad permanente de entre 30 y 64 años podrían beneficiarse de la ampliación de la pensión en Chihuahua, aunque su incorporación dependería de los requisitos del programa y de la disponibilidad presupuestal.
Guzmán Argueta argumentó que la aportación estatal necesaria para concretar el convenio representaría menos del uno por ciento del presupuesto de Chihuahua, por lo que consideró que existen condiciones para analizar su financiamiento durante el próximo ejercicio fiscal.
Por su parte, Laura Fuentes manifestó su rechazo a las propuestas de cobertura parcial y sostuvo que las personas con discapacidad requieren acceso al monto completo de la pensión, mediante un esquema de coordinación entre los gobiernos federal y estatal.
“Estamos exigiendo el 100% de la pensión universal por medio de Bienestar y Gobierno estatal. Los derechos de las personas con discapacidad no se regatean”, afirmó.
La representante de la asociación cuestionó las posturas de legisladores del PAN y del PRI respecto a la ampliación del programa y señaló que los apoyos económicos deben garantizarse sin reducciones que limiten sus beneficios para las personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
Las organizaciones participantes insistieron en que la falta del convenio mantiene diferencias de cobertura entre Chihuahua y las entidades que ya cuentan con acuerdos de universalidad, particularmente para la población adulta con discapacidad permanente.
La firma del convenio requiere coordinación entre el Gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Bienestar, así como la definición de las aportaciones presupuestales que corresponderían a cada administración para financiar la ampliación del programa.
Aunque el Congreso del Estado aprobó el exhorto para solicitar estas acciones, el acuerdo legislativo no obliga por sí mismo al Ejecutivo estatal a suscribir el convenio ni garantiza la asignación automática de recursos, por lo que su implementación depende de las decisiones administrativas y presupuestales correspondientes.
La exigencia de Guzmán Argueta y de las organizaciones civiles se presenta durante la preparación del presupuesto estatal para 2027, periodo en el que buscan que se contemple una partida específica para ampliar el acceso a la pensión entre las personas con discapacidad permanente de Chihuahua.
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