El diputado de Movimiento Ciudadano busca que la Suprema Corte revise las disposiciones que facultan a Hacienda para establecer pagos exclusivamente digitales.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Francisco Sánchez Villegas, presentó una iniciativa para promover acciones legales contra la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, al considerar que sus disposiciones podrían restringir el uso de dinero en efectivo y afectar la libertad de los ciudadanos para realizar transacciones económicas.
El legislador planteó que distintas instituciones federales, el Gobierno de Chihuahua y los 67 ayuntamientos de la entidad recurran a los mecanismos constitucionales disponibles para solicitar la revisión de la legislación, publicada el pasado 4 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación.
La controversia se concentra en los artículos 13 y 14 de la nueva ley, que facultan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar sectores económicos y actividades en los que los medios digitales y electrónicos podrán convertirse en la única forma de pago aceptada.
La legislación también establece que las autoridades competentes deberán emitir disposiciones administrativas para regular la transición hacia estos mecanismos, mediante condiciones, requisitos y plazos específicos para las actividades que sean incluidas en las determinaciones federales.
Aunque la ley establece la posibilidad de restringir el efectivo en determinados sectores, no contempla una prohibición general e inmediata de su utilización en todas las operaciones comerciales del país. La aplicación de los esquemas de pago exclusivamente digitales dependerá de las disposiciones que emitan las autoridades correspondientes.
Sánchez Villegas sostuvo que estas facultades representan un riesgo para la libertad económica y la propiedad privada, especialmente entre las personas que dependen del efectivo para desarrollar sus actividades laborales y comerciales.
“Vamos a combatir esta maldita ley en todos los frentes. No vamos a permitir que el régimen le arrebate a los mexicanos la libertad de disponer de su propio dinero. El dinero es de los trabajadores, no del gobierno ni de los banqueros”, declaró.
El coordinador de la Bancada Naranja advirtió que los trabajadores, pequeños comerciantes, productores agrícolas y habitantes de comunidades rurales podrían enfrentar dificultades ante la imposición de medios de pago electrónicos, particularmente en localidades donde el acceso a servicios bancarios, internet e infraestructura tecnológica es limitado.
Desde su perspectiva, la obligatoriedad de utilizar intermediarios financieros en determinadas actividades podría generar costos adicionales para los usuarios, además de modificar las condiciones en las que actualmente se realizan operaciones comerciales cotidianas.
Mediante el punto de acuerdo, Francisco Sánchez solicitó exhortar a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para que las minorías legislativas promuevan acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente contra los artículos 13 y 14, así como los transitorios tercero y cuarto de la legislación.
La propuesta también contempla solicitar la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el propósito de que evalúe la posibilidad de impugnar las disposiciones que pudieran representar afectaciones a derechos fundamentales.
En el ámbito estatal, el legislador planteó que el Congreso de Chihuahua promueva una controversia constitucional para defender sus atribuciones frente a posibles obligaciones derivadas de la legislación federal, además de exhortar al Gobierno del Estado y a los 67 municipios a valorar los recursos jurídicos correspondientes.
Estas acciones estarían sujetas a los requisitos de procedencia establecidos en la Constitución y a la determinación de las autoridades judiciales sobre la legitimación de cada institución para presentar los recursos.
La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos entró en vigor el 5 de noviembre de 2026 y contempla un plazo de 15 días hábiles para que la Secretaría de Hacienda determine los sectores estratégicos y actividades relevantes donde podrían establecerse mecanismos de pago exclusivamente electrónicos.
Posteriormente, las autoridades competentes deberán definir las condiciones y los plazos de transición para las actividades seleccionadas. La propia legislación contempla excepciones que permiten utilizar efectivo o cheque cuando ocurran contingencias que impidan procesar pagos digitales.
El diputado de Movimiento Ciudadano consideró que estas disposiciones deben ser revisadas desde una perspectiva constitucional, al señalar que la implementación de mecanismos electrónicos obligatorios podría afectar a sectores de la población que mantienen una dependencia significativa del dinero en efectivo.
“Quieren que cada peso que ganes, cada peso que gastes y cada peso que ahorres pase por las manos de un banquero. Quieren convertir el derecho a disponer de tu dinero en un privilegio sujeto a la autorización del régimen y al cobro de comisiones. Eso es un atropello contra la libertad de los mexicanos”, afirmó.
La propuesta de Francisco Sánchez busca abrir una vía de revisión constitucional sobre los alcances de la nueva legislación federal, particularmente respecto a las facultades administrativas para determinar actividades económicas donde el efectivo dejaría de ser una opción ordinaria de pago.
El planteamiento se produce durante los primeros días de vigencia de la ley, mientras se encuentra pendiente la definición de los sectores que podrían quedar sujetos a las nuevas disposiciones y las condiciones específicas para su implementación.
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