La defensa de la gobernadora sostuvo que sí atendieron el requerimiento federal, aunque rechazaron la facultad de la Fiscalía para citarla directamente por contar con fuero constitucional
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua informó que la gobernadora María Eugenia Campos Galván cumplió formalmente con el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) mediante la entrega simultánea de escritos tanto en Ciudad Juárez como en la Ciudad de México.
Mientras la mandataria estatal acudió a las instalaciones centrales de la FGR en la capital del país acompañada de su equipo jurídico, el titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal, José Carlos Rivera Alcalá, se presentó de manera paralela en la delegación federal de Ciudad Juárez para entregar el mismo documento dentro del plazo establecido.
La comparecencia derivó de las investigaciones abiertas por el denominado “CIAgate”, relacionadas con el operativo realizado en abril pasado en el municipio de Morelos, donde fue localizado un laboratorio clandestino y posteriormente se confirmó la presencia de agentes estadounidenses en territorio chihuahuense.
El abogado Roberto Gil Zuarth, integrante de la defensa jurídica de la gobernadora, aseguró que la administración estatal respondió puntualmente al requerimiento federal.
“Comparecimos, nos presentamos en los dos lados, en Ciudad Juárez y en el otro domicilio del citatorio”, declaró.
Gil Zuarth explicó que los escritos entregados objetan la legalidad del citatorio emitido contra la mandataria estatal, al considerar que la FGR pretende someterla a un acto de investigación incompatible con la protección constitucional derivada del fuero que ostenta como titular del Poder Ejecutivo estatal.
La defensa sostuvo que el Ministerio Público Federal no puede citar directamente a una gobernadora para declarar como posible indiciada sin seguir previamente los procedimientos constitucionales correspondientes.
“No aceptamos la competencia del Ministerio Público Federal para sujetar a la gobernadora a una investigación trampa”, señaló Gil Zuarth.
El equipo jurídico argumentó además que el oficio de la FGR presenta inconsistencias, falta de motivación expresa y ambigüedad respecto al objeto concreto de la investigación.
La estrategia legal presentada por el Gobierno estatal también sostiene que existen mecanismos institucionales distintos para solicitar colaboración o información oficial a una autoridad estatal sin recurrir a citatorios directos.
El caso ha escalado políticamente en medio de los señalamientos cruzados entre Morena y el PAN sobre la actuación de autoridades estatales y federales en materia de seguridad y presuntos vínculos con el crimen organizado.
Gil Zuarth vinculó además el contexto político del caso con las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por presuntos nexos con organizaciones criminales.
“Es una pretensión política para intentar empañar otros hechos de enorme gravedad nacional”, afirmó.
La FGR mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con el operativo realizado en la Sierra Tarahumara y la participación de personal extranjero durante las acciones desarrolladas en el municipio de Morelos.
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