La diputada María Antonieta Pérez Reyes critica la venta de terrenos estatales a Gruma, alertando sobre la pérdida de recursos para Chihuahua y sus habitantes.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local por el Distrito X de Ciudad Juárez, María Antonieta Pérez Reyes, expuso su desacuerdo con la administración de María Eugenia Campos Galván respecto a la venta de terrenos en la reserva territorial que pertenece al patrimonio de los chihuahuenses.
Este conflicto de intereses subraya una preocupación histórica en la política chihuahuense sobre la relación entre inversión privada y el uso sostenible de los recursos públicos.
La legisladora criticó específicamente la intención de la empresa Gruma, reconocida en el ámbito nacional e internacional y que cotiza en la Bolsa de Valores, que busca establecerse en Delicias.
Aunque Pérez Reyes manifestó su apoyo a la llegada de inversiones que generen empleos, también enfatizó que no es justificable sacrificar el patrimonio territorial a precios irrisorios.
La propuesta de vender terrenos a un coste de 15 millones de pesos cuando su valor real supera los 61 millones, representa una pérdida significativa de ingresos que podrían destinarse a proyectos de mejora social.
Este tipo de transacciones ha sido un tema recurrente en el estado, donde la tensión entre el desarrollo económico y la conservación de recursos se ha vuelto cada vez más palpable.
A medida que las empresas buscan expandirse en un clima económico que exige agilidad y competitividad, la presión sobre las autoridades para facilitar esos procesos aumenta.
Sin embargo, es crítico analizar si las medidas tomadas resultan en beneficios reales para la comunidad, especialmente en una ciudad que enfrenta numerosas carencias en infraestructura y educación.
Pérez Reyes argumenta que la renuncia a ingresos frencales no solo afecta el bienestar financiero del estado, sino que imposibilita la realización de proyectos fundamentales para la comunidad, como la construcción de escuelas y la mejora de servicios básicos.
“Con ese recurso bien podrían construir al menos 10 escuelas que tanto les faltan a los juarenses”, declaró, poniendo de manifiesto un aspecto clave del debate: la necesidad de priorizar el bienestar social en detrimento de una supuesta urgencia empresarial.
La crítica de la diputada también toca el nervio sensible de la economía local, donde los ciudadanos se ven atrapados en un dilema que, en muchas ocasiones, parece estar diseñado para beneficiar a las grandes corporaciones a costa del desarrollo comunitario.
La legislación y políticas que facilitan la llegada de empresas como Gruma no deberían obligar a la población a elegir entre empleo y la preservación de los recursos patrimoniales.
En conclusión, el llamado de María Antonieta Pérez Reyes invita a reflexionar sobre la manera en la que se manejan las inversiones en Chihuahua.
Mientras que la llegada de capital extranjero es innegablemente beneficiosa para el crecimiento económico, también es preciso garantizar que el proceso se realice con total transparencia y orientado a generar un impacto positivo en la calidad de vida de la ciudadanía.
La Comisión de Obras y Servicios Públicos del Congreso del Estado tiene la oportunidad de evaluar y decidir con responsabilidad el futuro del patrimonio territorial, asegurando que no se repitan errores pasados relacionados con la venta indiscriminada de tierras.
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