El mandatario dejó el cargo en medio de la crisis de Ueno Bank; minutos después, 78 diputados aprobaron por unanimidad avanzar con su enjuiciamiento.
Asunción, Paraguay (ADN/Staff) – Santiago Peña presentó este jueves su renuncia a la presidencia de Paraguay en medio de la crisis financiera provocada por la intervención de Ueno Bank y, menos de una hora después, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad iniciar un juicio político en su contra.
Peña anunció su dimisión mediante un mensaje difundido en redes sociales, mientras el Congreso debatía precisamente el procedimiento para someterlo a juicio político por presunto mal desempeño de funciones y posibles conflictos de interés relacionados con la institución financiera.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”.
La renuncia fue presentada formalmente ante el Congreso alrededor de las 13:30 horas por el ministro del Interior, Enrique Riera, después de que sectores oficialistas y disidentes del Partido Colorado retiraran su respaldo político al mandatario.
Pese a la dimisión, los 78 diputados presentes aprobaron el libelo acusatorio contra Peña, con lo que el expediente pasó al Senado, instancia que deberá resolver si continúa el procedimiento de destitución o acepta la renuncia presidencial.
La crisis se aceleró tras la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central de Paraguay. La institución financiera, con alrededor de 2.9 millones de clientes, quedó bajo procedimiento de resolución después de que sus indicadores de solvencia cayeran por debajo de los niveles exigidos por las autoridades.
El banco administraba cientos de millones de dólares correspondientes a depósitos de instituciones públicas, además de recursos de particulares, por lo que su intervención provocó preocupación entre ahorradores y fuertes cuestionamientos políticos contra el gobierno.
Peña estuvo relacionado anteriormente con el grupo propietario de la institución financiera y mantuvo participación accionaria hasta 2025, antecedente utilizado por legisladores para señalar un posible conflicto de intereses. Las acusaciones deberán ser determinadas dentro de los procedimientos políticos y judiciales correspondientes.
El exmandatario pidió disculpas a los ciudadanos que pudieran sentirse defraudados durante su administración y manifestó su deseo de que los mecanismos de garantía protejan los ahorros depositados en el sistema financiero.
“Ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”.
La decisión del Senado tendrá consecuencias adicionales para la situación política y jurídica de Peña, debido a que una destitución mediante juicio político tendría efectos distintos a la aceptación de su renuncia.
El Congreso también había recibido una solicitud de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, aunque la Cámara de Diputados rechazó avanzar con ese procedimiento.
Con la salida de Peña, Pedro Alliana queda en posición de asumir la presidencia y completar el periodo constitucional hasta agosto de 2028, conforme al orden de sucesión establecido en Paraguay.
La crisis representa uno de los episodios políticos más graves de la actual administración paraguaya y mantiene abierta la disputa sobre las responsabilidades derivadas del colapso de la institución financiera y el manejo de recursos públicos depositados en ella.
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