El Gobierno federal identificó contratos millonarios con organismos electorales entre 2015 y 2025 y pidió investigar posibles irregularidades.
Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que identifica una presunta red de contrataciones electorales vinculada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, cuyas empresas obtuvieron contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025.
Durante la conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, la mandataria sostuvo que los antecedentes de este grupo empresarial se remontan a más de dos décadas y que sus operaciones se fortalecieron durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello en el Instituto Nacional Electoral (INE), entre 2014 y 2023.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que la investigación se elaboró mediante la revisión de fuentes abiertas y permitió reconstruir las relaciones laborales, empresariales y políticas de los hermanos Hernández Casillas, así como su participación en contratos con organismos electorales estatales.
De acuerdo con las cifras presentadas, entre 2015 y 2023, un total de 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) otorgaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas. Posteriormente, entre 2024 y 2025, la misma estructura empresarial obtuvo otros 646.3 millones de pesos mediante contrataciones con 15 organismos electorales locales.
La funcionaria detalló que los antecedentes de los hermanos se ubican entre 1983 y 1988, cuando trabajaron en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), dependiente de la Secretaría de Gobernación. Durante ese periodo, José Alfredo Hernández Casillas fue secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general del organismo.
En 1987, Raymundo Hernández Casillas desempeñaba funciones relacionadas con recursos financieros y materiales, mientras que en 1988 se constituyó la empresa Cartonera Plástica. Un año después, Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), institución a la que también se incorporaron los hermanos.
La investigación federal ubica en 1999 uno de los primeros antecedentes de contrataciones electorales de Cartonera Plástica, empresa relacionada con José Alfredo Hernández Casillas, que participó como proveedora en el Estado de México.
Para 2005, dicha compañía obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos con el Instituto Electoral del Estado de México para el suministro de material electoral. Según la información presentada, durante ese periodo surgieron denuncias por presuntas irregularidades y sobornos que derivaron en la renuncia de siete consejeros electorales.
Buenrostro Sánchez señaló que entre 2012 y 2013 los hermanos ampliaron sus operaciones mediante distintas empresas y contratos con organismos electorales de Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.
La funcionaria explicó que la reforma electoral de 2014 modificó el mecanismo de designación de consejeros de los organismos electorales locales, facultad que pasó de los congresos estatales al Consejo General del INE. Durante los años posteriores se registró un incremento en las contrataciones de las empresas investigadas.
Sheinbaum vinculó políticamente los antecedentes del grupo empresarial con integrantes de SOMOS, organización en la que participan antiguos funcionarios electorales, entre ellos Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina.
“¿De dónde salen estos contratistas? De ahí. ¿A dónde regresan esos contratistas? Ahí. ¿Dónde se vuelven fuertes estos contratistas? Del 2014 al 2023 con ese Consejo General del INE”, cuestionó la presidenta.
La mandataria también señaló que Juan Carlos Padilla Aguilar, antiguo funcionario del RENAPO y del CISEN relacionado laboralmente con los hermanos Hernández Casillas, participa actualmente en la misma organización política que varios exintegrantes del INE.
Según la información expuesta, Marco Antonio Baños se desempeña como representante suplente de SOMOS ante el Instituto Nacional Electoral, mientras que Edmundo Jacobo Molina encabeza el Centro de Formación y Profesionalización Política y Lorenzo Córdova forma parte del Consejo Consultivo Ciudadano.
La presidenta pidió investigar las contrataciones realizadas durante distintas administraciones del INE, incluida la gestión de Guadalupe Taddei, y sostuvo que cualquier posible responsabilidad administrativa o penal debe determinarse mediante las instancias competentes.
“No surgió con Taddei y nadie defiende si realizó un acto ilegal, tiene que verlo la Auditoría Superior y la Fiscalía, de ella y de quien haya participado en la estructura del INE”, expresó Sheinbaum.
La titular del Ejecutivo federal también anunció que durante la próxima semana presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México, empresa estatal que participa en la producción de documentación y materiales electorales.
La propuesta contempla ampliar la integración de su Consejo de Administración mediante la participación de otras secretarías e instituciones académicas, además de incorporar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como observadora.
El objetivo planteado por el Gobierno federal es fortalecer la producción estatal de material electoral y transparentar las adquisiciones, mientras que otros insumos podrán contratarse con empresas mexicanas mediante procedimientos que garanticen mayor vigilancia.
Por su parte, Buenrostro Sánchez precisó que corresponde a la ASF revisar las posibles irregularidades en los contratos del INE y de los organismos electorales, determinar las responsabilidades administrativas y, cuando existan elementos suficientes, presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también analiza mecanismos para prevenir posibles esquemas de colusión entre proveedores dentro de los procesos de contratación de la Administración Pública Federal.
Los señalamientos presentados por el Ejecutivo corresponden a una investigación gubernamental basada en información pública y no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial de responsabilidad contra las personas o empresas mencionadas.
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