En los últimos días se ha generado un intenso debate nacional en torno al llamado derecho de audiencia y a las obligaciones que deberán observar quienes participan en los medios de comunicación y en los espacios de análisis político.
Como abogado, periodista, comentarista de política nacional y ciudadano, considero importante distinguir entre dos conceptos que con frecuencia se confunden deliberadamente como lo son: la libertad de expresión y la responsabilidad derivada del ejercicio de esa libertad.
La libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de toda democracia. Sin ella no existiría el debate público, la crítica al poder ni el intercambio de ideas que fortalece a una sociedad libre. Nadie que valore el Estado de Derecho podría estar en contra de ese principio.
Sin embargo, también es cierto que ningún derecho es absoluto.
Nuestra Constitución reconoce igualmente el derecho al honor, a la dignidad de las personas, a la privacidad y al acceso a una justicia imparcial. Todos esos derechos deben coexistir en equilibrio.
Durante muchos años hemos observado una práctica que lamentablemente se ha vuelto frecuente en algunos espacios informativos, como lo es, presentar rumores como hechos consumados; difundir versiones sin verificar suficientemente las fuentes; construir acusaciones a partir de testimonios de oídas; emitir sentencias mediáticas antes de que exista una resolución judicial y, en ocasiones, mezclar información con opinión sin distinguir claramente una de otra.
Informar no es lo mismo que opinar.
El periodista tiene el deber profesional de verificar los hechos antes de afirmarlos. El analista político tiene derecho a expresar sus puntos de vista, incluso a ser severamente crítico, pero debe dejar claro cuándo está emitiendo una opinión y cuándo está afirmando un hecho cuya veracidad puede demostrarse.
Confundir ambas actividades deteriora la confianza pública en los medios de comunicación y termina perjudicando precisamente a quienes ejercen el periodismo con profesionalismo.
Desde mi punto de vista, reconocer el derecho de audiencia no significa establecer un mecanismo de censura. Censurar consiste en impedir que alguien hable.
Garantizar el derecho de audiencia significa permitir que quien ha sido señalado tenga la oportunidad de ser escuchado antes de que la opinión pública emita una condena definitiva.
Ese principio no solamente existe en el periodismo.
Es uno de los fundamentos esenciales del debido proceso en el derecho. Ningún juez serio dicta sentencia escuchando únicamente a una de las partes. Ningún procedimiento justo puede construirse negando la posibilidad de defensa. La justicia comienza precisamente cuando ambas versiones pueden exponerse con igualdad.
Los medios de comunicación, cuya función social es extraordinariamente importante, también deben asumir la enorme responsabilidad que implica influir diariamente en millones de personas. La velocidad con la que hoy circula la información hace todavía más indispensable la ética profesional. Una noticia falsa puede destruir una reputación en cuestión de minutos, mientras que una aclaración, cuando finalmente llega, rara vez tiene el mismo impacto.
La sociedad necesita medios libres. Pero también necesita medios responsables.
Necesita periodistas independientes, pero igualmente comprometidos con la verdad. Necesita analistas capaces de cuestionar al poder, cualquiera que éste sea, pero sin abandonar nunca el rigor de los hechos.
La democracia no se fortalece cuando una sola voz domina el debate.
Se fortalece cuando todas las voces pueden ser escuchadas con respeto, cuando la crítica se basa en pruebas y cuando la búsqueda de la verdad prevalece sobre el interés político, económico o personal.
El derecho de audiencia no debería verse como una concesión del Estado ni como una amenaza para la libertad de expresión. Debe entenderse como una garantía que protege a cualquier persona frente al enorme poder que hoy tienen los medios tradicionales y las plataformas digitales para construir o destruir reputaciones.
En una auténtica democracia, la libertad de expresión y el derecho de audiencia no son enemigos. Son dos derechos que se complementan para acercarnos a un objetivo superior como lo significa una sociedad mejor informada, más justa y más respetuosa de la dignidad humana.
Héctor Molinar Apodaca
Facilitador Privado #24
Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.
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