Hay dos maneras de enfrentar un cuestionamiento público. La primera consiste en abrir la información, dejar que las instituciones hagan su trabajo y demostrar que no existe nada que ocultar. La segunda es descalificar, victimizarse y convertir cualquier pregunta en una supuesta persecución política. La diferencia entre ambas no es menor: define el carácter de una administración y su verdadero compromiso con la rendición de cuentas.
Ante los señalamientos sobre la empresa inmobiliaria en la que la gobernadora de Chihuahua, Maru Eugenia Campos, reconoce participación accionaria (98 por ciento, según su propia declaración patrimonial), y las dudas que han surgido en torno a posibles conflictos de interés, la presidenta Claudia Sheinbaum no pidió condenas ni adelantó juicios. Su respuesta fue sencilla y ajustada al Estado de derecho: que la Auditoría Superior de la Federación revise el caso y determine si existe alguna irregularidad.
Resulta, cuando menos, paradójico que quienes durante años exigieron investigaciones rigurosas para funcionarios de otros partidos hoy consideren un exceso que una autoridad fiscalizadora haga precisamente aquello para lo que fue creada: revisar el manejo de los recursos públicos, cotejar declaraciones patrimoniales, verificar que no exista conflicto entre el interés privado y el servicio público. El escrutinio no puede ser selectivo. No puede aplicarse solo cuando conviene políticamente. Si se cree en la legalidad, se le respeta en todas sus manifestaciones, incluso cuando el señalado es de nuestro propio signo.
Chihuahua vive momentos complejos que exigen atención y liderazgo. La inseguridad continúa golpeando amplias regiones del estado, con municipios enteros donde la presencia del crimen organizado ha desplazado a la autoridad; el crecimiento económico no alcanza para todos y la brecha entre la frontera industrializada y la zona serrana se hace cada vez más profunda; la frontera enfrenta desafíos inéditos derivados de la política comercial y migratoria con Estados Unidos, que ponen a prueba la capacidad de respuesta humanitaria. En ese contexto, lo último que necesitamos los chihuahuenses es un gobierno distraído, intentando apagar incendios políticos que pudieron evitarse con una explicación oportuna, completa y, sobre todo, voluntaria.
Mientras tanto, el Gobierno Federal ha insistido en un principio que debería ser elemental en cualquier democracia moderna: nadie está por encima del escrutinio público. Esa ha sido la postura de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, una postura que no distingue colores partidistas ni blindajes mediáticos. No defender personas, sino instituciones.
No proteger intereses particulares, sino garantizar que las autoridades competentes hagan su trabajo con autonomía y rigor. Esa es la ruta correcta, porque la fortaleza de un sistema no se mide por la lealtad a sus funcionarios, sino por la capacidad de corregir y sancionar cuando se detectan desviaciones. Que María Eugenia Campos Galván, se haga responsable de sus delitos y entregue cuentas al pueblo chihuahuense.
Alejandro Pérez Cuéllar
Abogado y político con experiencia como regidor, diputado local y federal por Morena. Representa al IV Distrito de Ciudad Juárez, trabajando por reformas que beneficien a los juarenses y consoliden los principios de la 4T
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