La crisis política más delicada para el gobierno de Claudia Sheinbaum quizá ya comenzó, aunque en Palacio Nacional todavía parezca prevalecer la idea de que el tiempo puede diluirla. La apuesta aparente es resistir, ganar semanas, exigir pruebas, refugiarse en el discurso de soberanía y esperar que Donald Trump decida no escalar el conflicto. Después vendría el Mundial de fútbol y, con él, la esperanza de que la atención pública cambie de tema.
El problema es que Washington ya dejó de ver el caso de Rubén Rocha Moya como un expediente aislado.
Estados Unidos no lanzó solamente una ofensiva judicial. Lo que envió fue una señal política y estratégica de enorme profundidad. Las acusaciones contra figuras relevantes de Sinaloa comienzan a insertarse en una narrativa mucho más amplia: la percepción de que sectores del aparato político mexicano habrían desarrollado niveles de convivencia, tolerancia o protección hacia estructuras del crimen organizado.
Dentro del marco bilateral de extradición existe un periodo limitado para que las autoridades estadounidenses formalicen y fortalezcan los expedientes judiciales correspondientes. Diversos especialistas consideran que las próximas semanas serán decisivas para determinar si Washington escala la presión o si el gobierno mexicano decide modificar su posición.
Es decir, el momento crítico llegará mucho antes de que el Mundial de fútbol monopolice la atención pública internacional.
Y ahí comienza el verdadero dilema para Claudia Sheinbaum.
Porque si Estados Unidos termina consolidando un caso judicial sólido y el gobierno mexicano continúa bloqueando cualquier acción contra Rocha Moya, la tensión bilateral podría entrar en una fase completamente distinta. Ya no se trataría únicamente de declaraciones diplomáticas o presiones mediáticas. El caso podría convertirse en símbolo central de la nueva doctrina de seguridad hemisférica impulsada por Donald Trump.
La comparación con Venezuela ya no parece exagerada.
De hecho, varios de los mecanismos utilizados durante años contra el entorno político de Nicolás Maduro comenzaron a observarse gradualmente en México: investigaciones financieras internacionales, restricciones migratorias, cancelación de visas, monitoreo de movimientos patrimoniales, cooperación judicial transnacional y operaciones de inteligencia cada vez más agresivas sobre redes políticas y económicas bajo sospecha.
Eso significa que el problema dejó de pertenecer exclusivamente al terreno diplomático. Comenzó a desplazarse hacia el ámbito de la seguridad nacional estadounidense.
Trump entiende algo que quizá todavía no terminan de asumir algunos sectores del oficialismo mexicano: si Washington sostiene públicamente que existen estructuras de narcopolítica incrustadas en espacios relevantes del poder y después no actúa, perdería credibilidad estratégica frente a su propio electorado, sus agencias de inteligencia y sus aliados internacionales.
Por eso resulta difícil imaginar que simplemente “deje pasar” el tema.
Además, el contexto internacional cambió radicalmente. Los cárteles mexicanos dejaron de ser percibidos únicamente como organizaciones dedicadas al narcotráfico. En sectores de inteligencia y seguridad estadounidenses comienza a consolidarse la visión de que representan estructuras híbridas con capacidad territorial, financiera, armamentística y política comparables a nuevas formas de insurgencia criminal.
Ese cambio doctrinal modifica completamente las reglas del juego.
Paradójicamente, la crisis podría representar la mayor oportunidad política de Claudia Sheinbaum.
Si decide romper con el obradorismo más radical, permitir investigaciones reales y deslindarse del sistema de protección política construido alrededor de ciertos actores ligados al narcopoder, podría redefinir su presidencia y recuperar margen de maniobra frente a Estados Unidos, los mercados financieros y sectores empresariales profundamente preocupados por el deterioro institucional del país.
Porque el problema para Sheinbaum ya no es solamente Rocha Moya.
El verdadero problema es que cada vez más actores internacionales comienzan a asociar al actual régimen con un modelo de convivencia estructural entre poder político y crimen organizado.
Y eso tiene consecuencias devastadoras para la inversión, la seguridad, el T-MEC, la cooperación internacional y la estabilidad futura de México.
La presidente todavía tiene una ventana histórica para decidir si quiere pasar a la historia como la mandataria que desmontó parte del narcosistema heredado o como la dirigente que terminó atrapada intentando protegerlo.
Porque si Washington concluye que México no actuará contra figuras políticamente protegidas, eventualmente dejará de esperar cooperación plena y comenzará a actuar unilateralmente, financiera, judicial y operativamente, bajo la lógica de seguridad nacional.
Y cuando Estados Unidos llega a la conclusión de que su frontera sur dejó de ser únicamente un problema migratorio o de drogas para convertirse en una amenaza estratégica hemisférica, el margen de tolerancia se reduce drásticamente.
México aún está a tiempo de corregir el rumbo.
Pero el reloj político, judicial y geopolítico ya comenzó a correr.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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