El Gabinete de Seguridad señala que no había autorización para su participación en operativo en Chihuahua.
Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El Gobierno de México informó que los ciudadanos estadounidenses que murieron tras un operativo en la Sierra de Chihuahua no contaban con autorización para realizar actividades operativas en el país, de acuerdo con un posicionamiento del Gabinete de Seguridad.
A través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se detalló que uno de los extranjeros ingresó como visitante sin permiso para actividades profesionales, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático, pero sin acreditación para participar en acciones de seguridad.
“Ninguna contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional”.
El informe también señala que ni el Gobierno Federal ni la Secretaría de Relaciones Exteriores tenían conocimiento de la participación física de agentes extranjeros en el operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril en el municipio de Morelos.
Las autoridades federales enfatizaron que la legislación mexicana no permite la intervención directa de agentes extranjeros en operativos dentro del territorio nacional, por lo que este caso se encuentra bajo revisión.
“No tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando”.
El pronunciamiento ocurre tras la reunión entre el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, en la que se solicitó información sobre los hechos.
El caso está vinculado al desmantelamiento de un laboratorio de metanfetaminas considerado de gran escala, así como a un accidente carretero en el que murieron dos ciudadanos estadounidenses y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación.
De manera paralela, el Gobierno de Chihuahua anunció la creación de una unidad especializada para investigar tanto el operativo como las muertes registradas, en coordinación con autoridades federales.
La situación ha generado debate sobre los alcances de la cooperación internacional en materia de seguridad, en un contexto donde se analizan posibles responsabilidades y el cumplimiento del marco legal vigente.
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