Xóchitl Contreras pidió auditoría y posibles sanciones por omisiones en el pago de más de 352 millones de pesos.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local Xóchitl Contreras presentó ante el Congreso del Estado un Punto de Acuerdo para solicitar a autoridades fiscales y de fiscalización una investigación sobre el manejo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el Municipio de Ciudad Juárez durante los ejercicios fiscales de 2017 a 2021.
La legisladora planteó que se analice por qué, pese a que se tenía conocimiento de irregularidades en el manejo de estos recursos, no se denunció a los responsables por la falta de entero de más de 352 millones de pesos correspondientes al ISR retenido a trabajadores municipales.
“Pagar en silencio no es suficiente. La ley exige denunciar”.
El exhorto está dirigido a la Auditoría Superior del Estado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de que se realice una auditoría forense o especial sobre el manejo de estos recursos, así como para deslindar responsabilidades en las distintas administraciones involucradas.
La diputada también solicitó transparencia total en la información financiera relacionada con el caso, así como la colaboración del gobierno municipal con las instancias investigadoras para esclarecer los hechos.
El señalamiento incluye al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, a quien atribuyó conocimiento previo de las irregularidades sin que, hasta el momento, se haya presentado una denuncia formal contra posibles responsables.
“El problema es claro y está documentado”.
De acuerdo con lo expuesto, el adeudo tuvo consecuencias recientes, como la suspensión de participaciones federales vinculadas al ISR por parte del SAT desde el pasado 6 de abril, lo que impacta en la disponibilidad de recursos municipales.
La legisladora indicó que el propio alcalde ha reconocido pagos realizados en 2024 y 2025 para cubrir adeudos fiscales de años anteriores, sin que exista claridad sobre el origen de las omisiones ni sobre posibles sanciones administrativas o penales.
El caso será objeto de seguimiento legislativo, con el fin de determinar responsabilidades y evitar afectaciones futuras al manejo de recursos públicos y a los derechos de los trabajadores municipales.
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