La publicación masiva de documentos desclasificados expuso presuntos vínculos con la frontera mexicana, mencionó a empresarios mexicanos y derivó en el cierre definitivo del caso en Estados Unidos.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El caso Jeffrey Epstein llegó a su etapa final tras una secuencia de hechos que se desarrollaron de manera progresiva entre el viernes 30 de enero y el domingo 1 de febrero, cuando el gobierno de Estados Unidos publicó millones de documentos desclasificados, salieron a la luz presuntos vínculos de la red de tráfico sexual con Ciudad Juárez, se conocieron menciones a empresarios mexicanos, y finalmente el Departamento de Justicia dio por concluida la investigación federal sin presentar nuevos cargos penales.
El viernes 30 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que procedería a la publicación de una nueva y última ronda de archivos relacionados con el financiero Jeffrey Epstein, en cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso que ordenó transparentar toda la información no clasificada del caso. La difusión de los documentos se concretó el sábado 31 de enero, cuando los archivos quedaron disponibles para consulta pública.
La entrega incluyó más de tres millones de páginas, además de alrededor de dos mil videos y unas 180 mil imágenes, lo que convirtió esta liberación en una de las desclasificaciones judiciales más amplias de los últimos años. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, explicó que con esta acción el Departamento de Justicia buscó dar cumplimiento formal a la ley, luego de meses de críticas por retrasos y por el nivel de censura aplicado en publicaciones previas.
Aunque las autoridades estadounidenses precisaron que no se utilizaron criterios de seguridad nacional ni de política exterior para clasificar documentos, reconocieron que algunos archivos permanecen reservados, conforme a las excepciones legales que protegen datos personales de víctimas, material de pornografía infantil, imágenes de abuso físico o expedientes vinculados con investigaciones judiciales aún en curso.
Fue a partir de esta publicación masiva que se conocieron correos electrónicos desclasificados que vinculan presuntamente la red de Epstein con Ciudad Juárez, colocando a la frontera norte de México en el centro de la atención internacional.
Los correos forman parte de una correspondencia digital fechada en julio de 2019, intercambiada entre un agente que operaba en territorio mexicano y un detective del Departamento de Policía de Nueva York, presuntamente asignado al grupo de trabajo del caso Epstein. En estos mensajes se hace referencia a una supuesta fiesta celebrada en 2014 en un inmueble controlado por el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, evento que habría sido organizado por Epstein y colaboradores.
En dicha correspondencia se menciona la asistencia de un exembajador estadounidense, así como acusaciones extremadamente graves relacionadas con una menor de edad, incluidas referencias a supuestas resoluciones judiciales y pruebas genéticas. Estas afirmaciones no cuentan con respaldo judicial público, ni han sido confirmadas por autoridades mexicanas o estadounidenses, por lo que permanecen como señalamientos contenidos únicamente en los correos desclasificados.
“Quizá quieras cuestionar al exembajador… sobre su participación con una menor cuando asistió”, se lee en uno de los mensajes atribuidos al agente que encabezaba el equipo en México.
Los correos también describen un entorno de alto riesgo para los investigadores en Ciudad Juárez, al mencionar ataques armados, seguimientos y amenazas durante indagatorias relacionadas con presunto tráfico sexual infantil. En los mensajes se advierte incluso sobre agresiones contra funcionarios judiciales vinculados a estos casos y sobre la existencia de vigilancia por parte de operadores identificados como estadounidenses.
Asimismo, la correspondencia sostiene que autoridades mexicanas de alto nivel estaban al tanto de investigaciones relacionadas con estas presuntas redes, aunque no se detallan acciones institucionales concretas ni resoluciones derivadas de ese conocimiento.
De manera paralela, los archivos desclasificados también incluyen menciones a figuras empresariales mexicanas. En correos y listas que forman parte del material liberado aparecen los nombres de Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, María Asunción Aramburuzabala y Paula Cussi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo. No obstante, las propias autoridades y los criterios legales establecen que el solo hecho de que una persona sea mencionada en los expedientes no implica, por sí mismo, la comisión de delito alguno, ni constituye prueba de responsabilidad penal.
Las revelaciones contenidas en los documentos, tanto las relacionadas con Ciudad Juárez como las menciones a empresarios y figuras públicas, no representan conclusiones judiciales, sino reportes, comunicaciones internas y listados derivados de investigaciones, lo que ha generado debate sobre el alcance internacional de las operaciones de Epstein y sobre la forma en que se documentaron sus relaciones personales y sociales.
En medio del impacto generado por la publicación de los archivos y las revelaciones fronterizas, el domingo 1 de febrero el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el cierre definitivo de la revisión del caso Epstein, al confirmar que no se presentarán nuevos cargos penales, ni contra terceros ni por hechos adicionales a los ya judicializados.
Todd Blanche explicó que, pese a las exigencias de las víctimas, la fiscalía no puede proceder sin pruebas legalmente sólidas, y que la revisión exhaustiva de millones de documentos no permitió construir nuevos casos viables ante los tribunales federales.
“Entendemos que las víctimas quieren ser compensadas, pero no podemos crear pruebas ni presentar un caso que no existe”, sostuvo el funcionario.
La decisión provocó el rechazo de al menos 18 sobrevivientes, quienes manifestaron que continuarán exigiendo que se conozca toda la verdad y que todos los posibles responsables enfrenten consecuencias. También denunciaron deficiencias en la censura de documentos, al considerar que no se protegió adecuadamente la identidad de algunas víctimas, un punto que el propio Departamento de Justicia reconoció como un error marginal.
En paralelo, legisladores de oposición en Estados Unidos cuestionaron la integridad de la entrega final, al señalar que podría estar incompleta y no cumplir plenamente con la ley de transparencia aprobada por el Congreso. Estas críticas se intensificaron ante la aparición de nombres de figuras públicas y empresariales en los archivos, aunque la fiscalía reiteró que la mención de una persona no constituye evidencia de delito.
Jeffrey Epstein, quien se declaró culpable en 2008 por cargos estatales relacionados con prostitución de una menor, murió en 2019 en una prisión de Nueva York mientras enfrentaba un proceso federal por tráfico sexual. Su caso se convirtió en uno de los mayores escándalos de abuso sexual de las últimas décadas, no solo por la gravedad de los delitos, sino por sus vínculos sociales, políticos y económicos de alto nivel.
Con la publicación final de los archivos, las revelaciones que apuntan a Ciudad Juárez, las menciones a empresarios mexicanos y el cierre formal de la investigación federal, el caso Epstein queda judicialmente concluido en Estados Unidos, aunque las implicaciones políticas, sociales y mediáticas de los documentos desclasificados continúan desarrollándose, particularmente en la frontera norte de México.
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