El año 2026 se perfila como un punto de inflexión para la vida política de México. No solo porque será la antesala de las elecciones federales de 2027, sino porque todo indica que la reforma electoral volverá al centro del debate legislativo. No es un tema menor: lo que se discuta y eventualmente se apruebe definirá las reglas del juego democrático para la próxima década, con impactos directos en la representación política, el uso de recursos públicos y la credibilidad de las instituciones electorales.
Entre los ejes que ya se asoman con claridad está la reducción al financiamiento público de los partidos políticos. Para una ciudadanía que observa con desconfianza el gasto partidista en un contexto de necesidades sociales urgentes, este planteamiento resulta atractivo y, en muchos casos, inevitable. El desafío, sin embargo, no está solo en recortar montos, sino en hacerlo sin debilitar la competencia democrática ni abrir la puerta a financiamientos opacos. Menos dinero no necesariamente significa mejor política si no se acompaña de controles estrictos, transparencia real y sanciones efectivas.
Otro de los puntos que promete generar intensos debates es la redefinición de las atribuciones del árbitro electoral. El Instituto Nacional Electoral ha sido, durante años, una de las instituciones con mayor reconocimiento técnico, pero también una de las más cuestionadas desde el discurso político. La discusión sobre sus funciones, su estructura y su presupuesto no debería partir de una lógica de confrontación, sino de una evaluación seria: ¿qué funciones son indispensables para garantizar elecciones libres?, ¿cuáles pueden simplificarse?, ¿cómo fortalecer la imparcialidad sin burocratizarla? Reducir costos no debe traducirse en debilitar capacidades clave como la fiscalización o la organización electoral.
La posible reducción en el número de diputadas y diputados es otro tema que conecta fácilmente con el ánimo ciudadano. La percepción de un Congreso sobrerrepresentado y costoso ha ganado terreno, y la idea de un parlamento más compacto resulta popular. No obstante, aquí el dilema es profundo: menos curules pueden significar ahorro, sí, pero también menor pluralidad y mayores barreras para que voces minoritarias accedan a la representación. El reto será encontrar un equilibrio entre eficiencia legislativa y diversidad política, evitando que la simplificación termine concentrando aún más el poder.
También se habla de ajustes al sistema de representación proporcional, cambios en la integración de los órganos electorales locales y nuevas reglas para campañas y precampañas, especialmente en el uso de redes sociales. La política ya no se juega solo en plazas públicas y spots de radio y televisión; se disputa, cada vez más, en plataformas digitales donde la regulación es difusa y la desinformación avanza rápido. Ignorar esta realidad sería legislar con los ojos puestos en el pasado.
En el fondo, la reforma electoral de 2026 no debería entenderse como una lucha entre actores políticos, sino como una oportunidad para reconstruir confianza. Confianza en que el voto cuenta, en que las reglas son parejas y en que las instituciones están al servicio de la ciudadanía, no de intereses coyunturales. Eso exige diálogo, apertura y una mirada de Estado que trascienda la elección inmediata de 2027.
México llega a este debate con una democracia viva, imperfecta, pero resiliente. Si algo ha demostrado el país es que las reglas electorales importan y que cada ajuste deja huella. Ojalá que el próximo año traiga discusiones profundas, responsables y, sobre todo, acuerdos que fortalezcan la vida democrática.
Que 2026 nos encuentre con ánimo crítico, pero también con esperanza; con la capacidad de disentir sin romper y de reformar sin destruir. Que sea un año de buenos deseos convertidos en decisiones sensatas, pensando no solo en la próxima elección, sino en las generaciones que heredarán las instituciones que hoy estamos llamados a mejorar. No queda mas que desearle feliz año nuevo, estimado lector o lectora. Gracias por acompañarme en esta columna en este año que se va.
Daniela González Lara
Abogada y Dra. en Administración Pública, especializada en litigio, educación y asesoría legislativa. Experiencia como Directora de Educación y Coordinadora Jurídica en gobierno municipal.
