El reciente incidente de violencia hacia la presidenta Claudia Sheinbaum —más allá de los matices políticos o de la controversia sobre su autenticidad— revela un problema más profundo y normalizado: la violencia estructural contra las mujeres. México es un país donde, según cifras oficiales, más de diez mujeres son asesinadas cada día. Donde el acoso y la agresión se han vuelto tan cotidianos que ya no escandalizan.
Por eso, lo ocurrido con la mandataria no debe reducirse a una anécdota política ni a motivo de burla. Debe ser un punto de inflexión para reconocer que ningún cuerpo, ni siquiera el de la jefa del Estado, está a salvo cuando la violencia se trivializa.
La dignidad humana —recordaba Kant— no tiene precio, tiene valor. Y, sin embargo, en México ese principio se negocia a diario. Cuando se banaliza una agresión hacia una mujer, se erosiona la conciencia colectiva sobre lo inaceptable. ¿Podemos aspirar a erradicar la violencia si la convertimos en meme o en propaganda?
La dignidad exige límites claros. Si el hecho fue real, debe investigarse y sancionarse; si fue un montaje, la gravedad radica en usar la violencia de género como herramienta mediática. En ambos escenarios, el mensaje es el mismo: la integridad de las mujeres es negociable.
Este mensaje se agrava cuando se analiza la responsabilidad institucional. Como señaló la periodista María Idalia Gómez, el episodio evidencia una peligrosa confusión entre cercanía con el pueblo y seguridad del cargo. En un país donde el crimen organizado busca desestabilizar, la falta de protocolos adecuados es una imprudencia. El gobierno ha hecho del discurso feminista una bandera, pero en los hechos se observa improvisación. Las instituciones deben garantizar entornos seguros, no escenarios de vulnerabilidad con fines políticos.
El verdadero liderazgo femenino no se mide en discursos, sino en la capacidad de transformar una experiencia en acción pública. Si la presidenta fue agredida, debe encabezar una política integral contra la violencia; si no lo fue, debería reconocer el daño simbólico que implica para millones de mujeres que sufren en silencio. Si una agresión a la jefa de Estado no sacude las estructuras, ¿qué pueden esperar las ciudadanas de a pie?
Hannah Arendt advertía que cuando todos mienten, el resultado no es que se crean las mentiras, sino que nadie cree en nada. Jugar con la violencia de género desde el poder —por acción o por omisión— profundiza el descrédito institucional y la desesperanza social.
La violencia contra las mujeres no admite matices ni pretextos. No puede convertirse en espectáculo ni en arma política. Lo sucedido —sea cual sea la verdad— nos obliga a mirar de frente una realidad incómoda: en México, el cuerpo de las mujeres sigue siendo tratado como territorio público. Romper ese pacto de indiferencia es urgente. Porque la dignidad no se defiende con discursos, sino con acciones que devuelvan a cada mujer lo que le pertenece: la inviolabilidad de su cuerpo y de su ser.
Georgina Bujanda
Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial.
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